Miguel Tirado Rasso
mitirasso@yahoo.com.mx
Hay otros casos, que han logrado
conservar el negocio, porque las
circunstancias y los vaivenes de la
política les han permitido superar el
mínimo de votos requerido por la ley
para mantener su registro.
¿Se acuerdan del partido Fuerza por México (FxM)? Fue un partido que, en 2020, presentó su solicitud de registro ante el Instituto Nacional Electoral para participar en los comicios de 2021. En aquel año, la autoridad electoral recibió 106 peticiones para la constitución de nuevos partidos políticos. La euforia partidista, sin embargo, desapareció pronto, cuando los solicitantes tuvieron que enfrentar el cumplimiento de los requisitos que la ley electoral establecía para poder obtener el registro como partido político nacional.
Así fue como, de las 106 solicitudes, solo siete cumplieron con la presentación de la documentación requerida para continuar con el proceso de registro. Fuerza por México, habría sido uno de ellos. Una organización política de centro-izquierda, progresista y partidaria a los postulados del presidente Andrés Manuel López Obrador. Fundada por Gerardo Islas Maldonado, quien fuera militante del Partido Nueva Alianza y Pedro Haces, ex miembro del PRI y dirigente de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).
FxM arrancó su proceso de registro con el pie izquierdo, pues, si bien, entregó la documentación demandada por la ley, ésta adoleció de varias irregularidades, entre otras, aportaciones de personas no identificadas y afiliación corporativa de agremiados del CATEM, que el Instituto Nacional Electoral (INE) consideró suficientes para negarle el registro. No satisfechos con esa resolución, el dirigente Islas Maldonado impugnó la resolución ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien revocaría la resolución del Instituto, ordenándole se le otorgara el registro.
Pero la felicidad de este partido duró poco. Su participación en los comicios de 2021, fue poco afortunada al no lograr obtener el mínimo de votos, 3 por ciento, que la ley establecía para conservar su registro. Con 2.56 por ciento de votos logrados, esta institución tuvo su debut y despedida y la pérdida de su registro. También entonces, impugnaría la sentencia del INE, solo que, esta vez, el TEPJF ratificaría la resolución del Instituto.
De acuerdo con la Constitución (Art.41), los recursos y bienes remanentes de los partidos que pierden su registro, deben ser adjudicados a la Federación. Para el caso, la ley reglamentaria establece el procedimiento de liquidación correspondiente, con la participación de un interventor. Pero resulta que, confirmada la cancelación del registro de FxM, en agosto del año pasado, su dirigente aceleró el gasto de las prerrogativas que estaba obligado a devolver.
Según un reportaje periodístico (Reforma), la dirigencia de este partido cometió anomalías administrativas entre pagos a proveedores sin documentación que acredite el servicio; comprobantes fiscales no reportados al Sistema de Fiscalización del órgano electoral; reportes contables con errores; operaciones no realizadas en tiempo real; avisos extemporáneos de contratación de personal, y otras faltas que hacen incierto el destino de los 160 millones que recibió por concepto de prerrogativas en 2021, y que, ejerció indebidamente, saltándose la supervisión de la autoridad.
FxM recibió, recursos para campañas, gasto ordinario y actividades específicas. Pero resulta que en el primer semestre del año de las elecciones fueron lentos en el ejercicio del gasto, sin embargo, tras los malos resultados de la elección, apuraron el gasto para vaciar sus chequeras. Pagos a empresas fantasma, a giros sospechosos y a proveedores con actividad incierta, además de diferencias entre las transferencias que afirman haber hecho a sus comités estatales y los registros bancarios de los depósitos.
Todo un catálogo de irregularidades que desvelan el objetivo original de sus fundadores al crear un partido político como negocio para enriquecerse. Y de sus responsabilidades y compromisos, nada. Ni devolución de recursos ni sanciones. Pura ganancia. Hay otros casos, que han logrado conservar el negocio, porque las circunstancias y los vaivenes de la política les han permitido superar el mínimo de votos requerido por la ley para mantener su registro. No importan que no representen a nadie ni tengan el respaldo del voto popular.
Nada de ideologías y, de proselitismo, el mínimo esfuerzo. Cuestión de apostarle al partido que se ve más fuerte, para sumarse y que la inercia los lleve. En su momento, podrán pasar la factura, porque en el equilibrio de fuerzas, se redimensionan y adquieren una importancia estratégica. Por eso pueden reclamar reformas de “vida eterna” y hasta de “guardaditos”, para continuar flotando a costa del erario. Sólo el exceso, cuando ya es demasiado, les pone freno.
El ejemplo lo acabamos de vivir en este desaseado proceso legislativo para la imposición de las reformas electorales a modo para la 4T.
