Miguel Tirado Rasso
mitirasso@yahoo.com.mx
Tendremos entonces, a los
candidatos presidenciales de los
partidos o alianzas contendientes,
realizando las campañas más
largas y costosas de nuestra
historia política-electoral.
La carrera presidencial para 2024, parafraseando al poeta español, Antonio Machado, está haciendo camino al andar. Porque nadie podrá negar que tanto actores, partidos políticos y aspirantes, oficiales y opositores, como autoridades electorales, han seguido una ruta distinta a la que marca la ley, dando lugar a una circunstancia electoral inédita.
Esto es, unos y otros, decidieron improvisar, brincándose las normas. Los primeros, para sacar ventaja, acomodar las circunstancias a modo para asegurar, con el triunfo electoral, la continuidad del proyecto político oficial denominado Cuarta Transformación. Los del bloque opositor, siguiendo los pasos del partido Morena, al estilo de lo que hace la mano, hace la tras, para evitar rezagarse y perder toda posibilidad de competición. Y la autoridad electoral, para evitar enfrentamientos con el Ejecutivo que, puesto en modo campaña, no se veía dispuesto a someterse a los dictados de la ley ni menos, a acatar los ordenamientos de la autoridad. Lo que había advertido ya, con la expresión de no me vengan con que la ley es la ley.
De esta manera, estamos ante un proceso de realidad virtual, en el que los protagonistas, principalmente los oficialistas, saben que, aunque todavía falta un rato para el inicio del proceso electoral para la elección presidencial de 2024, porque de acuerdo con la ley, éste arranca en la primera semana de septiembre, su posición de poder les otorga privilegios, como el de adelantar tiempos, sin consecuencias que lamentar.
Todos están de acuerdo en respetar la ley, si bien, sólo virtualmente, porque en la realidad, todos la están violando. Aspirantes y partidos políticos han recurrido a eufemismos y simulaciones como método para elegir, con muchísima anticipación, a su candidato presidencial, contando con la complicidad del INE y del Tribunal Electoral.
Y es que, conforme a la legislación de la materia, el período de precampañas para la elección del candidato presidencial arranca hasta la tercera semana de noviembre, proceso que no puede durar más de sesenta días (Art. 226, LGIPE). De acuerdo a lo anterior, los partidos políticos deben contar con sus candidatos a la Presidencia hasta finales de enero de 2024, en este caso.
La pregunta que surge es ¿qué harán las o los candidatos presidenciales de Morena y aliados y del Frente Amplio por México, a partir de que sean elegidos, el 6 y el 3 de septiembre, respectivamente, como lo han anunciado sus respectivos dirigentes.
La ley dispone que los candidatos presidenciales deberán ser registrados entre el 15 y el 22 de febrero (Art. 237, LGIPE). Cuatro largos meses, en los que, una vez más, se tropezarán con la regulación de la norma. Porque las campañas presidenciales, según el artículo 251 (LGIPE), tendrán una duración de 90 días. Esto es, siendo la fecha de la elección el 2 de junio, la campaña presidencial deberá iniciar, no antes del 4 de marzo.
Tendremos entonces, a los candidatos presidenciales de los partidos o alianzas contendientes, realizando las campañas más largas y costosas de nuestra historia política-electoral. Porque, no es de esperar que, una vez violados los plazos, etapas y formas determinadas por la ley electoral para el caso de la elección presidencial, sus postuladores decidan, ahora sí, respetar la ley y suspender la promoción de sus candidatos y guardarlos hasta empatar con los tiempos que ordena la norma.
Para cuando, de acuerdo con la ley, en el mes de marzo inicie la etapa de campaña presidencial, en el caso del oficialismo, la corcholata elegida habrá sumado 9 meses de autopromoción, precampaña o como prefieran llamarle. Esto, si el punto de partida lo fijamos en la fecha en que Morena anunció oficialmente el arranque de la no pre campaña de sus corcholatas (12 de junio de 2023). Pero si nos vamos a la fecha en que el gran elector las destapó (5 de julio de 2021), habría que sumarle dos años más al tiempo en que se han estado placeando a lo largo y ancho del país. Del lado de la oposición, quién represente la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México, también habrá sumado sobre 9 meses de precampaña. Así que, en ambos casos, la campaña para alcanzar la silla de Águila habrá tenido una duración de, al menos, un año.
Otra consecuencia derivada de este inédito proceso electoral de realidad virtual, es que, al alargar y mezclar los tiempos de precampaña y campaña, los gastos correspondientes se incrementarán de una manera notable, lo que obligará a reconsiderar el cálculo de los topes de campaña.
Por lo que hemos visto hasta ahora, los partidos son buenos para hacer cuentas del gran capitán en el tema de sus gastos de no campaña. Ya dependerá de la autoridad si, para evitar la ira de Palacio, acepte las cuentas del oficialismo como vengan y, sea estricto y severo, con las de la oposición. Por aquello de justicia y gracia para los amigos.
