Miguel Tirado Rasso
Como si hiciera falta algo para enrarecer el ambiente del proceso electoral más grande de nuestra historia, la resolución del Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación (TEPJF) que determinó la inclusión del segundo candidato independiente, Jaime Rodríguez El Bronco, en la boleta electoral, logró un consenso unánime, o casi, pero en contra, ante las graves irregularidades, “travesuras” las calificó el candidato, cometidas para recolectar el número de firmas necesarias para su registro y en las que el INE había fundamentado la improcedencia de su registro.
Y es que, las llamadas travesuras del Bronco, irrelevantes para el Tribunal, no fueron cosa menor. Para asegurar su lugar en la contienda, el gobernador con licencia aplicó, inmisericordemente, el principio maquiavélico de que el fin justifica los medios, haciendo uso de una verdadera miscelánea de trampas. Así, entregó más de dos millones de apoyos, la mayoría de los cuales no eran reales, por estar duplicados (266,357); estar en el padrón pero no en la lista nominal (11,748); estar dados de baja en el Registro Federal de Electores (15,938); fotocopias (205,721); simulaciones (158,532); inconsistencias (508,532); no encontrados (6,630); documentos no válidos (23,644), y fuera del régimen de excepción (1,869).
Entiendo que en el surgimiento de las candidaturas independientes, algo, si no es que mucho, tuvo que ver la crítica a las malas mañas de los partidos políticos y sus integrantes. A la poca transparencia, fraudes y trampas en su desempeño y al hartazgo ciudadano que busca alternativas, más allá de la partidocracia, aunque no fueran del todo auténticos. Esto es, aunque no fueran independientes químicamente puros. Consideraciones irrelevantes para Tribunal, que ignoró y optó por hacer una interpretación a modo de la ley, para justificar lo injustificable: incluir en la carrera presidencial a quien, fraudulentamente, supuso que cumplió con los requisitos, con un triste mensaje para quienes compitieron respetando las reglas y creyendo en la ley.
Y es que, como afirmó la magistrada presidenta del Tribunal, Janine Otálora, quien junto con otros dos magistrados, votó, infructuosamente, en contra de darle el pase a la boleta electoral al gobernador con licencia, las autoridades no pueden permitir que quienes aspiran a un cargo de elección popular,” realicen acciones que cuestionen su ética y su compromiso con la democracia”.
En el caso de la máxima representación, como es la candidatura presidencial, convendría agregar, habría que ser más estrictos y rigurosos del cumplimiento de la ley. Pues el relajamiento es, precisamente, lo que ha acabado con la credibilidad en el quehacer político. Pero para los cuatro magistrados que votaron a favor, el debido proceso y la presunción de inocencia, que opera en las causas penales, es aplicable en lo electoral, aunque el tratamiento debiera ser diferente, por tratarse de campos totalmente distintos.
Esta resolución afecta seriamente a las autoridades electorales, porque, sumado a otros palos jurídicos con los que el Tribunal le ha enmendado la plana al INE, queda la impresión de que éste no es muy acertado en sus resoluciones. Además de la percepción que prevalece, en este caso, de que “alguien” influyó en la voluntad de algunos magistrados del Tribunal para favorecer al candidato independiente, lo que pone en tela de juicio la autonomía e independencia de los responsables en organizar, juzgar y llevar a buen término el proceso electoral.
Y para qué hablar de la credibilidad de la autoridad, ya cuestionada desde antes por algunos de los contendientes presidenciales que aprovecharán cualquier circunstancia, en caso de no salir victoriosos, para denunciar fraude y demandar revisiones que nunca los dejarán satisfechos, mientras el fallo no les favorezca.
Como hemos visto, los criterios del INE y del Tribunal, en la resolución de casos, son antagónicos, y esto, que puede ser positivo, ya no lo es tanto si se da como regla. En temas tan polémicos como son los de la política, esto no contribuye al fortalecimiento de las instituciones electorales, de por sí siempre cuestionadas. La experiencia histórica nos muestra que quien paga los platos rotos es la autoridad, porque alguien tiene que ser responsable de la catástrofe, y los perdidosos no la perdonan. En las negociaciones post electorales, institución y funcionarios son los sacrificados. Una nueva reforma de ley, con un órgano electoral renovado y la historia se repite, una vez más, hasta la próxima elección presidencial. Borrón y cuenta nueva.