Miguel Tirado Rasso
Y luego hay quién se pregunta cómo y porqué de la aplastante derrota electoral sufrida por el partido en el poder y su gobierno, el pasado primero de julio. Y es que el retorno del PRI como gobierno, había generado grandes expectativas, tras la decepción de la primera alternancia y la desilusión de un segundo gobierno panista, escaso en talento y experiencia.
Por eso, cuando en la contienda electoral de 2012, el PRI surgió, nuevamente, como el ave Fénix, en el ambiente predominó la idea de que, ante lo ocurrido los últimos doce años, el país requería experiencia y conocimiento y no más improvisación. Algo que los tricolores pretendían acreditar con una historia de siete décadas en el ejercicio del poder y, bajo esa hipótesis, los votantes dirigieron su voto en favor de quienes afirmaban que sí sabían cómo gobernar. Pero resulta que muchas cosas fallaron, y los electores pasaron de la decepción y desilusión al enojo, indignación y rechazo. Entonces el voto se volcó, esta vez, como nunca, en favor de una nueva expectativa.
Entre los cargos que difícilmente se podrá sacudir este gobierno, están los de corrupción e impunidad. Puede ser que se hayan dado manejos mediáticos o meras simulaciones en busca de escándalos o circo, como el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, los ha calificado, pero lo cierto es que la percepción popular no resulta tan benigna y, ante la información generada, la reacción popular es de indignación y coraje, cuando los resultados de enjuiciamientos llevan a sanciones benévolas y hasta generosas, que nada tienen que ver con la gravedad de los supuestos delitos por los que algunos funcionarios públicos son sujetos a proceso. O, al menos, así se ve en el caso particular del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte y socios que lo acompañaron.
El tema que resulta difícil de entender, en el caso del veracruzano, es porqué, a pesar de que la Auditoría Superior de Federación (ASF) había detectado graves anomalías en el ejercicio presupuestal del gobierno de Javier Duarte a la mitad de su administración, lo que suponía prender focos, no anaranjados sino rojos, nada se hizo, y se le permitió a este mal servidor público concluir su mandato sin haber sido molestado ni cuestionado por los desfalcos que, finalmente, resultaron ciertos, según su propia confesión. Porque sólo fue hasta que decidió solicitar licencia a su cargo, 48 días antes de la conclusión de su mandato, tiempo que aprovechó para huir del país, que la PGR decidió iniciar una investigación.
El ex gobernador fue capturado seis meses después en Guatemala y, desde entonces, flotaba en el ambiente un cierto sospechosismo, acentuado cuando, entre los delitos por los que se solicitó su extradición, no incluyeron los miles de millones de pesos desviados y que fueran denunciados por la ASF. Con una acusación “blanda”, el caso perdió consistencia, que, a fin de cuentas, redundaría en una sentencia cómoda que a todos sorprendió. Si fuéramos mal pensados, supondríamos que, desde un principio, el procedimiento judicial a este ex gobernador fue muy considerado y que, únicamente por lo desmesurado del desfalco, se hablaba de un desvío y lavado de más de 75 mil millones de pesos del erario de Veracruz, su enjuiciamiento resultaba inevitable.
Desde su captura, la actitud de este personaje fue de llamar la atención. Lejos de mostrar consternación, pena o arrepentimiento, el ex gobernador sonreía a la menor provocación, como si no le preocupara lo que estaba viviendo. Tardó en darse cuenta que esa postura no correspondía a su circunstancia y, quizás, por recomendación de sus abogados, dejó de sonreír.
Ahora entendemos aquella actitud de despreocupación. Algo sabía el ex gobernador que los demás ignorábamos. Sin mayor explicación, la PGR reclasificó el delito grave, por el que se le acusaba de delincuencia organizada, por un delito menor, de asociación delictuosa, que le permitió al enjuiciado acceder a los beneficios del nuevo sistema penal acusatorio, con una sentencia leve, de nueve años de prisión y una multa de 58 mil 890 pesos, sin reparación del daño, porque la PGR propuso el decomiso de las pocas propiedades que le pudo acreditar como suyas, 41 de las 90 que, se supone, realmente posee.
Esto es, de un desfalco de 75 mil millones de pesos, según las auditorías practicadas, la PGR sólo pudo acreditar, en un período de casi año y medio de investigación, el desvío de mil seiscientos cincuenta millones, de los cuales 740 millones destinó para la adquisición de diversos inmuebles en Veracruz, Campeche, Guerrero y la CDMX. Javier Duarte, únicamente tuvo que aceptar su culpabilidad por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, para ser beneficiario de una ridícula pena. Curiosamente nunca se planteó acusación por peculado ni defraudación fiscal.
Eso sí, la sanción impuesta es, sin duda, apegada a derecho, pero como consecuencia de un proceso acusatorio a modo. Sólo para señalar cómo opera nuestra justicia, según de quién se trate, tenemos el caso del ex director de Comunicación Social de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), a quien, recientemente, la Secretaría de la Función Pública ha inhabilitado para desempeñar funciones en el servicio público durante diez años, además de aplicarle una sanción de más de 210 millones pesos, por daño patrimonial, por haber autorizado, de manera indebida, un pago de 175.4 millones de pesos.
A Javidú, no lo inhabilitaron ni hubo reparación del daño. Eso sí, recibió una amonestación para que no vuelva a incurrir en delito y una suspensión de sus derechos políticos y civiles durante el tiempo que permanezca en prisión, que pueden ser MENOS DE CUATRO AÑOS.
Sin comentarios.
