Miguel Tirado Rasso
El Senado concluyó su penúltimo período de sesiones, el viernes de la semana pasada, sin cumplir con el compromiso de sacar adelante los pendientes para que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) pueda, finalmente, entrar en operación de manera integral.
Hace unas semanas, señalábamos que desde noviembre de 2012, el entonces presidente electo, Enrique Peña Nieto, había enviado, a través de la bancada de su partido, una iniciativa de ley para enfrentar de manera contundente y efectiva ese añejo y costosísimo mal que es la corrupción. Que, a pesar de las coincidencias, que seguramente existen entre las diferentes fuerzas políticas sobre la necesidad de combatir esta lacra, tuvieron que pasar más de dos años de análisis, debates y discusiones para que, en mayo de 2015, se pudiera concretar la reforma constitucional correspondiente, con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Una instancia de coordinación de autoridades de los tres niveles de gobierno, con la inclusión de un Comité de Participación Ciudadana, conveniente y necesario.
Y si bien, tras un largo y accidentado recorrido, la Reforma Constitucional se aprobó, quedaron algunos pendientes para su puesta en práctica, y el tiempo sigue corriendo. Hacen falta algunas leyes secundarias y nombramientos, sin los cuales el esfuerzo queda en sólo buenas intenciones.
Por lo pronto, la designación de las autoridades anticorrupción, el fiscal y 18 magistrados, tendrá que esperar hasta el próximo período de sesiones, en tiempos ya muy sensibles y complicados, pues coincidirán con el inicio del proceso electoral hacia la sucesión presidencial. Tiempos políticos en los que, como sabemos, se dificultan los acuerdos y los consensos resultan casi imposibles, por lo que se corre el riesgo de que los buenos propósitos anticorrupción no se concreten en esta administración.
Existe una posibilidad, sin embargo, para que la frustración no nos desanime. Los dirigentes de las bancadas del PRI y del PAN en el Senado expresaron su disposición para convocar a un período extraordinario, después de las elecciones de junio, para, al menos, sacar los nombramientos de las autoridades, aunque se dejen algunas leyes reglamentarias para su aprobación en el período de septiembre, sin que nadie asuma el compromiso para sacarlas. Pero, para como están las cosas, es una buena expectativa, pues sin autoridades no hay quien aplique la ley y, de lo perdido, lo que aparezca.
Hay un tema que, aunque se habla mucho de él y en varios estados ya se legisla para su desaparición, en el paquete de medidas anticorrupción, quedó en el limbo. El fuero constitucional es ciertamente un tema polémico, cuya existencia ha sido seriamente cuestionada, por resultar actualmente difícil de justificar, ante la diversidad de disposiciones legales que protegen la actividad y la libertad de expresión de los servidores públicos, sin necesidad de este manto protector que se ha convertido en el mejor aliado de la impunidad.
El debate sobre la conveniencia de eliminar el fuero ahí está, sólo que no se ve la voluntad política para dar el siguiente paso, a pesar de que la terca realidad lo exhibe, cada vez con mayor frecuencia, como un privilegio al servicio de personajes públicos poco recomendables, no para permitirles el cumplimiento de sus funciones o el buen desempeño de sus cargos, sino como una argucia para evadir la ley y escapar de la justicia.
Los ejemplos más recientes, de lo que aquí afirmamos, son los casos de dos ex funcionarios de dos gobiernos caracterizados por la corrupción, según las denuncias de los gobernadores sustitutos de Veracruz y Chihuahua, que vieron en el Congreso la oportunidad para envolverse en el fuero y, de esta manera, buscar la impunidad a sus malos manejos.
En el caso de Veracruz, el diputado federal Tarek Abdalá, ex tesorero en el gobierno de Javier Duarte, alega inocencia pero rehúsa responder a los cargos que se le formulan (desvío de recursos a empresas fantasmas, es sólo uno de ellos), y con un amparo judicial y una inconcebible protección política, se convirtió en intocable gracias al fuero que sus colegas legisladores decidieron respetarle. Así que la justicia tendrá que esperar.
El otro es Enrique Tarín García, acusado de peculado y desvío de recursos, ex Director de Adquisiciones y Servicios del gobierno de otro Duarte, César, el de Chihuahua. Tarín era diputado suplente de Carlos Hermosillo, quien falleciera en un accidente, así que, como ya lo andaba buscando la justicia, se fue a refugiar, literalmente, a la Cámara de Diputados para exigirles que le tomaran la protesta como diputado en sustitución del titular fallecido y así poder escudarse en el fuero o, por lo menos, que le dieran cobijo mientras tramitaba un amparo.
También aquí operó un recurso legal, el amparo, y una protección política, digna de mejor causa, que impidieron su detención. Por lo pronto, a este personaje no le tomaron la protesta, pero pudiera ser que más adelante lo hagan y, entonces, Tarín podrá reposar relajado en su curul, sin preocupación alguna por rendir cuentas de sus malos manejos, gracias a un fuero que, en estos tiempos, sólo sirve para solapar conductas delictivas.
