Miguel Tirado Rasso
Siempre ha sido una decisión difícil, para nuestras autoridades electorales, aplicar la ley en el caso de la cancelación del registro a los partidos políticos que no logran obtener el porcentaje de votos que la ley señala como mínimo para poder continuar figurando en el escenario político electoral.
Como si no fuera algo tan claro y definido que no requeriría mayor interpretación que la simple lectura del texto legal, se percibe una cierta resistencia por parte de la autoridad cuando de eliminar instituciones políticas se trata, permitiendo posibilidades de interpretación más allá de la ley, aunque sea evidente la falta de apoyo ciudadano reflejado en una escasa votación.
Y es que, de acuerdo a lo que señala la Ley de Partidos Políticos, de la Legislación Electoral vigente, en su artículo 95, es causa de pérdida de registro de un partido político, “no obtener por lo menos el 3 por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones federales ordinarias para Diputados, Senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos…” redacción que no permite duda sobre la intención del legislador. Sin embargo, la generosidad de nuestras autoridades ha permitido una interpretación a modo para los partidos afectados, determinando que la pérdida del registro proceda cuando ese porcentaje no se alcance en las tres elecciones y no, simplemente, en alguna de ellas, como claramente lo ordena el texto legal.
Pero como la realidad se impone a la benevolencia que pretende dar amparo a organizaciones que no tienen representatividad, a fin de cuentas, la sanción llega y quienes no lo merecen pierden su registro y todo lo que esto implican, que no es menor, porque algunos han encontrado en la fundación de partidos políticos un gran negocio, que nada tiene que ver con los nobles objetivos de estas instituciones.
Como resultado de las elecciones del pasado mes de julio, tres partidos políticos perdieron su registro, dos nacionales, los partidos Encuentro Social y Nueva Alianza, y uno local, Partido Humanista, con lo que el número de partidos nacionales queda, ahora, en siete (Morena, PAN, PRI, PT, MC, PRD y PVEM).
De historia breve, el Partido Humanista no resistió más de una elección. En julio de 2014 obtuvo su registro como partido nacional, para perderlo un año después. Sin una ideología definida y con la conformación miscelánea de ex miembros del PAN, del PRI, del PRD y de varios partidos locales, su aportación a la democracia partidaria fue nula. Con una votación de 2.1 por ciento en la elección federal para diputados en 2015, perdió su registro nacional, aunque lo conservó en la CdMx, al lograr 3.5 por ciento de votos. Pero este año se desfondó y no alcanzó el 3 por ciento en ninguna de las tres elecciones para la Jefatura de Gobierno, para Congreso local ni para alcaldías.
Los partidos Encuentro Social y Nueva Alianza, no se resignaron a su realidad y con malabares legaloides pretendieron distorsionar lo que la voluntad de los electores había determinado con sus votos. A fin de cuentas, no significaron una opción electoral, a pesar de haberse sumado a unas alianzas, con el ánimo de encubrir su fragilidad, pues ni así lograron el mínimo de votos requerido y se les canceló su registro.
Los dos son organizaciones de corta vida política. El PES, partido de centro derecha, con influencia cristiana, obtuvo su registro, como partido nacional en julio de 2014. Participó antes como partido local en Baja California, en alianza electoral con el PAN y el PANAL en 2007 y en 2010, con éxito. En 2013, cambió de aliados y con el PRI, el PVEM y el PT, participó una vez más en elecciones locales en Baja California, aunque, esta vez, sin fortuna. Su primera presencia en elecciones presidenciales la hizo como parte de la alianza Juntos Haremos Historia, que a pesar de lo exitosa de esta coalición no le alcanzó para sobrevivir al reto de la preferencia electoral y quedó fuera del escenario político electoral.
El PANAL, auto definido como una organización política liberal, tuvo una poco más de vida. Registrado como partido nacional en julio de 2005, tenía su sustento en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y el impulso de su, entonces, poderosa líder, Elba Esther Gordillo. Aunque priista de origen, en los procesos electorales de 2006 y de 2012 participó con candidatos propios, quizás sólo para encubrir sus verdaderas preferencias, pues en 2006 no ocultó su inclinación y apoyo al candidato panista, Felipe Calderón y, en 2012, por el priista Enrique Peña Nieto. La caída en desgracia de su fundadora, arrastró la suerte de este partido cuyo dirigente formal quedó desvalido y sin brújula, lo que le costó la pérdida del registro, tras una desafortunada alianza electoral con el tricolor y el partido verde.
Según datos del INE, en los últimos 28 años han desaparecido 22 partidos políticos, incluyendo los tres mencionados. El que surjan y desaparezcan estas organizaciones no debe llamarnos la atención, si no fuera porque detrás de esto hay pérdidas millonarias del erario que se van en prerrogativas hacia partidos que no representan a nadie ni aportan nada a la democracia del país.
Habría que insistir, contra lo que algunos piensan, que una democracia no es más fuerte por el número de partidos políticos que existan, sino por la calidad de los partidos que participan.
