Miguel Tirado Rasso
mitirasso@yahoo.com.mx
En los tiempos de la 4T ya hay algo de que presumir: una Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respetuosa y respetable, que esperamos así se mantenga, contra viento y marea, para bien de la división de poderes de nuestro sistema de gobierno.
Hace unos días, el lunes pasado, para ser precisos, el pleno de la SCJN resolvió, favorablemente, por unanimidad, las acciones de inconstitucionalidad promovidas por los partidos PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano en contra de la ley que prolongaba, de dos a cinco años, el período de gobierno del actual mandatario, Jaime Bonilla, en el estado de Baja California. Una resolución, que habría que destacar por la importancia del tema, su trascendencia y posibles efectos colaterales, que ha merecido un reconocimiento, consenso y aceptación multitudinario, pocas veces visto.
Como se recordará, en junio del año pasado se llevó a cabo la elección para gobernador en el estado de Baja California. La primera renovación de un gobierno estatal en los tiempos de la Cuarta Transformación (4T). La del cambio profundo, la de los que no son como los de antes, la que planteó, entre sus muchas expectativas, acabar con los abusos del poder, los compadrazgos, el influyentismo y la corrupción. Así que, este primer cambio de gobierno significaba mucho como ejemplo de lo que podría esperarse de la 4T y de sus personajes, en el futuro mediato.
Y resultó que, quien participó como candidato de Morena y ganó, sin mucho problema, pensó, quizás mareado por la facilidad de su triunfo y, algo o mucho, por soberbia y prepotencia, que tampoco le costaría mucho trabajo hacer algunos ajustes a la ley para modificar el término de su mandato, para que, en lugar de una duración de dos años, se alargara a cinco. Si el período recortado estaba contenido en el texto constitucional local, nada más sencillo que reformar la constitución. Para lograrlo, contó con la complicidad de un congreso local, mayoritariamente de oposición, que”generosamente” hizo los cambios a la ley, literalmente, en lo oscurito, para que el gobernador electo protestara ejercer su mandato por un tiempo mayor al que los electores le habían otorgado con su voto.
Con esto, Morena inició las elecciones para gobernadores estatales con el pie izquierdo. Con un trinquete en el que hubo de todo. Un Congreso local que, por razones inconfe$ables, no tuvo empacho en violar la constitución local y la federal, al gusto del nuevo gobernador. Unos diputados de oposición, que traicionaron los principios de ética de sus partidos, lo que les valió su expulsión de los mismos (PAN, PRI y PRD). Y un gobernador tramposo, que pretendió engañar a sus gobernados alegando que, cuando participó en el proceso electoral, pensaba que era por cinco años. Que él no había sido promotor de la reforma; que los diputados lo habían hecho, por iniciativa propia, no obstante pertenecer a fuerzas políticas de oposición a Morena. Un auténtico fraude constitucional, como lo calificó la Corte en sus consideraciones para declarar la inconstitucionalidad de la reforma.
Jaime Bonilla se precipitó en su candidatura para el gobierno del estado, cuando la elección de 2019 estaba determinada, constitucionalmente, para un período de sólo dos años. Se habría podido esperar ese tiempo y competir en la siguiente, la de 2024, que vuelve a ser sexenal, pues su relación con ysq, sus cargos de senador con licencia y Coordinador Estatal del Gobierno Federal, le aseguraban una posición política de privilegio por lo que difícilmente alguien hubiera podido arrebatarle el triunfo electoral. Para más, el desprestigio del gobierno panista saliente, facilitaba las cosas.
Pero el gobernador Bonilla prefirió la vía corta e inmediata del fraude, el engaño y, quizás, hasta de la corrupción, porque no se explica cómo un congreso de oposición mayoritaria hubiera sido tan complaciente, en su despedida, a cambio de nada.
Después del riguroso análisis del caso y la resolución emitida por nuestro máximo Tribunal de justicia, quedan, para vergüenza de Morena, las declaraciones de algunos notables, como su ex presidente, la polémica Yeidckol Polevnsky, que en algún momento argumentó, para justificar la prolongación del mandato, que los bajacalifornianos “ya están cansados de votar”. Además de otros encumbrados morenistas, en su momento, defensores de la Ley Bonilla, que ahora celebran el fallo que la declaró inconstitucional.
El dictamen de la Corte fue contundente, al considerar la reforma impugnada como violatoria de los principios de certeza electoral, del derecho a votar y ser votado, de no reelección y de irretroactividad de las leyes. En opinión del presidente de la Corte, Arturo Zaldivar, las violaciones “apreciadas en su conjunto e interrelacionadas ponen de manifiesto un verdadero fraude a la Constitución, un efecto corruptor de rango constitucional”. ¡Zas!
Un palo preciso y extensivo para cualquier intento de prolongar, más allá de los términos constitucionales, un cargo de elección popular.
