Miguel Tirado Rasso
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A estas alturas está claro que, los próximos comicios del 6 de junio, además de ser los más grandes de la historia electoral del país por el número de puestos de elección popular en disputa (21,368), revisten una particular trascendencia, ante las actuales circunstancias políticas.
Más allá de la simultaneidad de elecciones federales y locales y de que en todas y cada una de las entidades de la República se celebren varios tipos de elección (para diputados federales en los 32 estados; para diputados locales en 29; para gobernador en 15, y para presidentes municipales y alcaldes en 29), la polarización social, promovida y azuzada desde la 4T, supone un encuentro electoral entre dos facciones: los de la Cuarta Transformación vs los que no lo son.
Una lucha por el poder político entre sólo dos bandos, independientemente del pluripartidismo que registren las boletas electorales con hasta 10 opciones, cuyo pragmatismo las ha llevado a prescindir de ideologías propias. Unas, buscando el amparo y los favores del poder y otras, sumando sus flaquezas para enfrentar a ese poder y alcanzar un mínimo equilibrio de fuerzas, para subsistir.
Pero en este ejercicio democrático, hay más en juego. Cuestionado el pasado político, se trata de demolerlo para dar paso libre a la 4T. Y, si para ello es necesario ajustar el orden jurídico, y existe el prurito de la legalidad, en manos del legislativo queda la responsabilidad y, ya vimos, en estos casi tres años de la LXIV Legislatura, la eficiencia de Morena con su mayoriteo calificado. Como en los mejores tiempos de la aplanadora priista, superando al maestro, sin cambiarle una coma a las iniciativas de palacio. Una mayoría calificada del partido oficial en la próxima legislatura, pues, resulta estratégica e indispensable para el proyecto político de la 4T.
En esta elección, la autoridad responsable de la organización, supervisión y calificación del proceso, el Instituto Nacional Electoral (INE), ha sido colocado en el banquillo de los acusados. Producto de una larga evolución para democratizar los procesos electorales en nuestro país, el INE es cuestionado por su origen y su pasado, atribuyéndole pecados de otros tiempos que, a juicio de la 4T, dan pie a dudar de su imparcialidad y objetividad, olvidando el papel de la autoridad en la elección de 2018. Además, de que su autonomía e independencia son dos elementos que no van con el actual estilo de gobierno, en el que la subordinación y la lealtad a ciegas son los valores más apreciados, sobre la institucionalidad, experiencia, capacidad y conocimiento.
El INE, si bien, como cualquier institución es perfectible, ha cumplido su función, sin que se la haya acreditado parcialidad en su actuación. En lo que va de este milenio, la tónica ha sido la alternancia democrática, pacífica e histórica. En tres, de las cuatro elecciones presidenciales más recientes, ha triunfado un candidato de la oposición, algo que no se puede ignorar y que habría que reconocer y valorar, cuando tuvieron que pasar 71 años para que se diera la primera alternancia en la presidencia de la República del México moderno. En esta etapa, y en los procesos sucesorios y sus desenlaces, el INE no ha sido un convidado de piedra, precisamente.
Pero por la condena a un pasado que no les toca, el INE ha sido considerado enemigo de la 4T, llegando a denunciar a su consejero presidente de estar aliado con “la oposición conservadora y retardataria” para bloquear las aspiraciones electorales de Morena, demandando su renuncia. Una grave acusación, sin aportar elemento alguno que la justifique, muy al estilo de la 4T, en una estrategia que sólo se entiende para descalificar al árbitro, previo a la jornada electoral, a la que llegará desgastado, descalificado y con poca credibilidad, si continúan las críticas, denuncias y quejas por su actuación, cada vez que los intereses de Morena o sus aliados resulten afectados, aunque sólo se trate de aplicar la ley y pugnar por su cumplimiento.
En esa difícil circunstancia, los consejeros deberán cuidar que su desempeño sea impecable, actuar con inteligencia y fundamentar de manera sólida sus resoluciones, pues, por lo que se ha visto, no le será fácil imponer su autoridad en resultados adversos al partido del gobierno y sus aliados. Sobre todo, no caer en el juego de Morena aplicando sanciones extremas que den a este partido elementos para abonar sus denuncias, con el riesgo de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le enmiende la plana, debilitando su autoridad. Quizás, no estaría de más desarrollar una campaña que permita al electorado tener un mayor y mejor conocimiento del Instituto, la importancia y trascendencia de sus funciones, su papel en la conducción y organización de los procesos electorales y su desempeño en los tiempos de la apertura democrática.
El camino hacia la jornada electoral todavía es largo y el INE tendrá que buscar con habilidad mantener su posición como máximo responsable del proceso, porque la intención de hacerlo a un lado en el momento culminante de la jornada tuvo ya su adelanto. En días pasados el gobierno convocó a todos los gobernadores del país a suscribir el Acuerdo Nacional por la Democracia, que los compromete a no interferir en el próximo proceso electoral. Algo redundante, que sólo se explica como un críptico mensaje para el Instituto, pues ya la Constitución establece esa obligación.
Y si, como dicen, en política la forma es fondo, el no haber invitado a la autoridad constitucionalmente responsable de la conducción del proceso electoral a un evento sobre este tema con las máximas autoridades políticas del país, no es un buen presagio para el futuro del Instituto y menos, para nuestro sistema democrático.
