Miguel Tirado Rasso
mitirasso@yahoo.com.mx
Pero resulta que toda esta retórica
contra la corrupción, este supuesto
combate a la corrupción durante el
sexenio de la 4T, no pasó de mera
palabrería, simple propaganda política.
En el gobierno anterior, mucho se presumió de los buenos resultados en el combate a la corrupción. Un tema que le habría de ayudar al candidato presidencial de Morena para alcanzar el triunfo electoral, pues, entre sus principales promesas de campaña, aseguraba que acabaría con la corrupción. Una oferta bienvenida, oportuna y necesaria, ante el panorama de corrupción que dejaba el gobierno saliente.
Andrés Manuel López Obrador, nunca dejó de hablar de su lucha contra la corrupción. Inclusive desde antes de tomar posesión del cargo, este fue uno de sus argumentos para acabar con el proyecto del nuevo aeropuerto de Texcoco, aduciendo corrupción en las licitaciones y en la venta de terrenos aledaños a la obra. También le sirvió para justificar, entre otros, las iniciativas de reformas constitucionales que implicaban la desaparición de los órganos autónomos y, hasta, la demolición del Poder Judicial y de la SCJN, al acusar a sus integrantes de ser “partícipes de la impunidad y corrupción que impera en México.”
De estos señalamientos, nunca se elaboraron carpetas de investigación ni se aplicaron sanciones a quienes se calificaba de corruptos, pues bastaba la condena presidencial desde el tribunal de las mañaneras para tener por válidas las imputaciones. Se trataba de achacar a la corrupción todo lo que no le gustaba al titular del Ejecutivo, incluyendo las críticas a sus políticas de gobierno. Los que nos critican, decía, son nuestros enemigos que quieren que vuelva la corrupción.
Orgulloso, en varias ocasiones López Obrador sacó un pañuelo blanco afirmando que se había acabado la corrupción en altos funcionarios, “porque el Presidente no es corrupto y no tolera la corrupción,” afirmaba. En sus monólogos matutinos, solía decir que estaba haciendo una limpia de arriba para abajo, “como se barren las escaleras.”
Pero resulta que toda esta retórica contra la corrupción, este supuesto combate a la corrupción durante el sexenio de la 4T, no pasó de ser mera palabrería, simple propaganda política. Un gran engaño, porque ni se limpió la corrupción de arriba para abajo ni el pañuelito blanco significó el fin de la corrupción.
La semana pasada Transparencia Internacional publicó el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), correspondiente a 2024. Este estudio registra la opinión de especialistas, personas de la academia, empresas de consultoría, analistas de riesgo financiero, datos del Banco Mundial y del Foro Económico Mundial, entre otros, para evaluar la corrupción en el sector público de 180 países. La escala de medición va de cero (la peor calificación, máxima corrupción) a 100 (la mejor, menos corrupción).
De acuerdo a este registro, México obtuvo su peor evaluación desde que se hace esta medición, en 1995, con 26 puntos de 100 posibles. Esto ubica a nuestro país en el último lugar de los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y en la penúltima posición del G20, solo por arriba de Rusia.
Desde 2020, México había permanecido estancado en el lugar 31, pero en 2024 cayó 5 posiciones. Según Transparencia Mexicana estos resultados confirman el mandato de la sociedad mexicana: el gobierno debe enfrentar con mayor eficacia la corrupción en México. De acuerdo con el INEGI, en 2023, 83 por ciento de las personas consideraron que la corrupción en México sigue siendo un problema frecuente o muy frecuente.
Claro está que en Palacio Nacional tienen otros datos y continúan en la negación de lo que es evidente. Se insiste, sin mayores elementos, en que en la administración pasada se erradicó la corrupción y, por todos los medios posibles, no solo se protege a los funcionarios de Morena, sobre los que pesan acusaciones de malos manejos, sino que se les premia con nuevos cargos en el gobierno.
Mientras que, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, se sometió a juicio a 12 gobernadores, en la 4T y su segundo piso, no obstante, las múltiples denuncias, ni un solo ex gobernador o gobernador en ejercicio ha sido siquiera cuestionado. Y, ni hablar que habría varios cuyo desempeño merecería una investigación, por lo menos.
En su momento, 2023, el entonces presidente López Obrador, descalificó a Transparencia Internacional, cuando ésta señaló que no se veían avances en la aplicación de sanciones en casos de corrupción, tachándola de carecer de calidad moral. Ahora, en la misma línea, no se le da credibilidad al informe del IPC de 2024.
Pues ahí están los otros datos. México ocupa el lugar 140 de 180 países evaluados. Al mismo nivel que Uganda, Nigeria, Camerún, Iraq y Madagascar.
