Miguel Tirado Rasso
En un desplante de imaginación perversa, Jaime Bonilla, gobernador electo de Baja California, y su equipo de esbirros, han recurrido a toda clase de marrullerías para lograr que su período gubernamental, original y legalmente establecido para dos años, se ajuste a su capricho y se alargue a cinco años.
Coincidente con lo que su amigo y promotor, el presidente Andrés Manuel López Obrador, repite con insistencia de que los de Morena no son iguales a los neoliberales conservadores de gobiernos pasados, Bonilla se esfuerza en diferenciarse de sus antecesores y manipula para lograr lo que ni los priistas se atrevieron a hacer, en sus mejores épocas del partido aplanadora: alterar el período de un mandato de gobierno, fijado por la constitución, con una reforma constitucional a modo y con efectos retroactivos. Porque la reforma aprobada por el congreso local bajacaliforniano, es posterior a la fecha de los comicios, cuando la autoridad electoral ya había calificado de legal la elección y determinado el triunfo del candidato de Morena para una gubernatura de dos años.
En su afán de prolongar su estancia en la casa de gobierno, el gobernador electo ha intentado, infructuosamente, todos los recursos legales a su alcance, impugnando una y otra vez las resoluciones de las autoridades federales que no le favorecen y que desechan los fallos de las autoridades locales, curiosamente, siempre favorables a la causa de su futuro gobernador, poniendo en duda la autonomía del poder judicial del estado y que decir de la separación de poderes.
Y como la autoridad judicial electoral federal se convirtió en un muro de Berlín para las pretensiones de este personaje y agotados los recursos legales sin lograr su cometido, su obsesión de poder lo llevó a un razonamiento elemental: si lo que estorba es la ley, pues con modificarla se arregla el asunto. Y, de manera sospechosa, por tratarse de un congreso de mayoría panista, o sea, opuesto a Morena, Jaime Bonilla fue beneficiado con una reforma, aprobada por prácticamente todas las fuerzas políticas (21 votos, una abstención y tres ausencias), que amplía de dos a cinco años su próxima gubernatura. Por ahí corrió el rumor de que los legisladores que aprobaron la reforma, fueron generosamente compensados.
Pero sus vicisitudes no terminaron con semejante maniobra poco pulcra y ante una opinión generalizada que desaprueba la extensión del mandato, a la nueva legislatura del estado, esa sí ya de mayoría Morena, se le ocurrió que habría que tratar de legitimar la ampliación del período de gobierno acudiendo a la opinión del pueblo bueno y sabio. Sólo que, como la ley local prohíbe la consulta popular en temas electorales, decidieron llevar a cabo una “consulta ciudadana”. Un ejercicio patito, eso sí, no vinculatorio, pero que les permitiera un respaldo como referencia de lo que, según ellos, la ciudadanía demanda.
El domingo pasado, se celebró la “consulta”. Un ejercicio convocado, diseñado, organizado, financiado, supervisado y computado por los diputados locales de Morena apoyados por los Siervos de la Nación, quienes distribuyeron el formato de la consulta. Esto es, pura gente de casa, para no correr riesgos de sorpresas desagradables. El resultado, como era de esperar, fue favorable a la ampliación del mandato a cinco años, por una gran mayoría (sobre el 84 por ciento) de los 53,400 ciudadanos que se calcula votaron y que representan menos del 2 por ciento del padrón electoral del estado. Esto es, según esta información, alrededor de 45 mil personas, de un padrón de más de 2 millones 800 mil ciudadanos, apoyan los cinco años. Menos mal que advirtieron que no es vinculatoria. Pero bien que la van a tratar de hacer valer.
El ejercicio estuvo plagado de irregularidades, empezando por las boletas con preguntas amañadas que inducían el sentido del voto. En su texto se hacía el siguiente planteamiento:
“¿Cuál piensa usted que es la mejor opción para nuestro estado? Proyecto 5. Mantener la reforma aprobada para que se mantenga un proyecto de gobierno de cinco años.
Proyecto 2. Llevar a cabo una contrareforma para limitar el período de gobierno a dos años.”
Habría que hacer hincapié en el fraseo sesgado del texto, en donde se habla de mantener lo que legalmente no existe. El proyecto de gobierno de cinco años es la propuesta de una reforma aprobada, sin vigencia, porque aún no se ha publicado. Como no es una ley vigente, no puede surtir efectos, o sea, su propuesta de un gobierno de cinco años queda en el limbo.
En el proyecto 2, la mal llamada “contrareforma”, no “se puede llevar a cabo”, porque desde el 17 de octubre de 2014 se llevó a cabo. Esto es, desde entonces se publicó, y tiene vigencia, el decreto 112 relativo a las reformas constitucionales locales en materia electoral en cuyo artículo 8º transitorio se hace referencia al período de gobierno de dos años.
El presidente López Obrador se ha desmarcado de la tramposa jugada del gobernador electo y ha señalado que corresponderá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolver el entuerto. Como están las cosas, y a pesar de la burda maniobra de Jaime Bonilla, pareciera que su apuesta es demostrarle a su jefe y amigo que, con el control del congreso y una mínima consulta amañada, se puede violar la ley y hacer muchas cosas y, no pasa nada.
Esto, a menos de un año de gobierno de Morena. Qué se puede esperar en cinco años más.
