Por Miguel Tirado Rasso
Podríamos suponer que, acabar con el principio de Cosa Juzgada,
es el manotazo que dan para demostrar
su poder, que los tomen en serio y los respeten.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), leemos en su página oficial, “es el Tribunal Constitucional de México. Su principal función es vigilar que las leyes y actos de autoridad se apeguen a la Constitución y no vulneren los derechos humanos de las personas.
“La SCJN garantiza la separación de poderes, el principio democrático y los derechos fundamentales para beneficio de todas las personas que habitan el territorio nacional”.
¿Qué es lo que hace?, continuamos con nuestra consulta, “…imparte justicia a través de mecanismos que permiten vigilar que las leyes y actos de autoridad se apeguen a la Constitución.” Es pues, una institución técnica jurídica.
La Corte anterior era un organismo que operaba razonablemente bien, aunque no necesariamente para efectos del estilo cuatroteísta de gobernar. Como tribunal técnico de derecho, vigilante del cumplimiento de la Carta Magna, defensor del Estado de Derecho, máxima autoridad del Poder Judicial, contrapeso de los otros Poderes de la Unión, autónomo e independiente, resultaba incómodo, por decir lo menos, para el Titular del Ejecutivo.
Y es que, como vigilante del cumplimiento de la Constitución, no pocas veces frenó programas de gobierno despreocupados por el respeto a la ley. La máxima del clásico, “no me vengan con el cuento de que la ley es la ley”, muestra una forma de gobierno reacia a someterse a los dictados de las normas jurídicas. El costo de las desavenencias con el Ejecutivo y su pretensión de actuar con autonomía, fue elevado e impensable: la desaparición de la Corte y de la totalidad del Poder Judicial. Estos fueron sustituidos por nuevas instituciones a modo, complacientes y obsequiosas con los proyectos de Palacio Nacional. Una Corte que nunca interponga la ley para detener o suspender algún proyecto de Palacio Nacional.
Para la integración del nuevo Poder Judicial, se resolvió que las autoridades judiciales, jueces, magistrados y ministros, fueran electos por voto popular, argumentando que así, los impartidores de justicia,” tendrán una mayor legitimidad y representatividad,” respondiendo al mandato popular en lugar de a “intereses de élite o grupos de poder”. Además, con los nuevos juzgadores se acabaría la corrupción que, según Palacio Nacional, predominaba en la antigua Corte. Algo que nunca se probó ni hubo preocupación por investigar.
Lo que siguió es historia conocida. Una selección manipulada y al vapor de aspirantes, en la que lo menos importante era su preparación, experiencia o el conocimiento del derecho. Un proceso electoral desaseado, en el que no hubo recato para influir en la decisión de los votantes a través de acordeones elaborados con los nombres de los candidatos previamente seleccionados. A nadie sorprendió que los elegidos coincidieran con los aspirantes favoritos que apoyaba el gobierno. Una jornada electoral a tono, para el inicio de una nueva época del Sistema Judicial en el segundo piso de la 4T.
Pero resulta que los nuevos ministros de la Corte, cuyo pleno lo integran ahora 9 togados, dos menos que su antecesora, decidieron meter ruido a la certeza y la certidumbre jurídicas. Cómo si no tuvieran miles de casos por resolver, estos flamantes jueces decidieron votar a favor de anular el juicio concluido. Un caballazo al principio de Cosa Juzgada, pues permite la reapertura de juicios totalmente concluidos. Adiós a la definitividad de las sentencias y a la seguridad jurídica, porque con esta ocurrencia, cualquier condenado en un juicio, por sentencia definitiva, podrá buscar reabrir el proceso por lo que, además, los juicios se prolongarán de forma indefinida.
En esto cabe un sospechosismo. Mucho se criticó el proceso de elección de los ministros, hasta el grado de apodar a la nueva institución como la “Corte del acordeón”. También se cuestionó la falta de preparación y conocimientos de la mayoría de los elegidos, cuya nula experiencia en la práctica judicial es inocultable.
A, prácticamente, tres meses de haber iniciado labores, con una pesada carga crítica de desaprobación, surge una ocurrencia, sin precedentes, que, podrían suponer ellos y ellas, les ayudaría a legitimar su condición de máximos jueces del Sistema Judicial. No importa resolver los miles de casos pendientes ni que la incertidumbre jurídica prenda focos de alerta a quienes pretenden invertir en el país (Ni que nos hiciera falta, han de pensar). Podríamos suponer que, acabar con el principio de Cosa Juzgada, es un manotazo que dan para demostrar su poder, que los tomen en serio y los respeten. Aunque pongan en riesgo el futuro del país.
No hay otra explicación.
