Miguel Tirado Rasso
Calificado por el propio juez que lleva el caso, Brian Cogan, como “el mayor juicio de drogas hasta la fecha”, hace unas semanas inició, en Nueva York, el proceso de enjuiciamiento en contra de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, después de 22 meses de que fuera extraditado a los EUA. Como era de esperar, quizás no tan precipitadamente, la defensa de este personaje decidió, de entrada, soltar una bomba sin más elementos que su afirmación, señalando a toda clase de autoridades de aquel país y del nuestro de haber recibido sobornos del cártel de Sinaloa.
En su estrategia de defensa, Jeffrey Lichtman, un reconocido abogado que salvó de la cárcel a John Gotti Jr, jefe interino de la familia criminal Gambino de la mafia neoyorkina, describió a su defendido como un narcotraficante menor y víctima de una gran conspiración. El chivo expiatorio, pues, de quien realmente era el encargado de los cargamentos de droga que ingresaron a los EUA. Nada que ver con la mítica figura manejada en los medios, porque se trata de un simple colaborador de El Mayo Zambada, éste sí, el verdadero responsable de los envíos de decenas de toneladas cocaína y del pago de millonarios sobornos a autoridades norteamericanas y mexicanas, a cambio impunidad.
Y así, jugando al escándalo, porque en su denuncia de autoridades sobornadas señala a los dos últimos presidentes de nuestro país, el abogado defensor le apuesta a la distracción, victimizando a su defendido, colocándolo en un nivel inferior y desviando la mira hacia otros horizontes, hacia quien, según su dicho, es el auténtico jefe del cártel y a quienes lo protegen.
No es novedad que en estos juicios el gobierno mexicano resulte blanco de toda clase de acusaciones. Imposible negar que, en el campo del narcotráfico, hay corrupción y que no pocas autoridades responsables de su persecución no cumplen con su tarea, circunstancia que magnifican nuestros vecinos del norte y sirve para endosarnos toda la responsabilidad del grave problema de drogadicción que padecen.
EUA es el mayor consumidor de drogas. En 2017 se calculaba en 27 millones el número de adictos y, en ese año, según datos del Centro para el Control de Enfermedades (CDC), fallecieron poco más de 72 mil personas por sobredosis, 10 por ciento más que el año anterior.
Pero aún con esos terribles datos, en las tierras del Tío Sam, parece preocuparles más lo que sucede fuera de sus fronteras y enfocar su combate a las drogas en los países productores, a quienes señalan como causantes de sus males, que atacar el consumo y la distribución, muy eficiente, por cierto, que se da en su país.
Llama la atención que sean siempre narcotraficantes extraditados los sujetos a juicios de gran publicidad, hasta el nivel de escándalo, por los testimonios que ahí se producen. Y que sean estos a quienes se exhiba como los máximos capos y casi únicos responsables del delito de narcotráfico, pero que poco o nada se sepa de investigaciones para detectar a las organizaciones criminales que operan en su territorio y se encargan de que la droga llegue hasta los últimos rincones de su país. Tampoco hay noticias de indagaciones sobre los responsables del lavado de los miles de millones de dólares que produce la venta de droga en la Unión Americana.
El gobierno de Washington está siempre pendiente de calificar y juzgar las políticas contra las drogas emprendidas por otros países, aunque por su parte, no parece preocupado por la poca eficacia mostrada en la contención del ingreso de droga a su país y menos en sus estrategias para tratar de reducir el consumo entre sus nacionales.
La lógica nos diría que los grandes volúmenes de droga que hay en el territorio estadounidense y que provienen del exterior, cruzan sus fronteras y se distribuyen a lo largo y ancho del país, porque hay quiénes no cumplen con su función del lado americano, por incompetencia, negligencia o corrupción. Pero de esto nada se dice, porque resulta más conveniente trasladar la responsabilidad a otros y aprovechar la información que se produce en estos juicios para utilizarla como estrategia de presión en algún momento determinado.
Y no importa que mucho de lo que ahí se diga resulte fantasioso e inverosímil, porque siempre será material utilizable. Y es que, son declaraciones de testigos protegidos que suelen decir lo que suponen que las autoridades desean escuchar. A fin de cuentas, su testimonio es parte central de una negociación con la autoridad para efectos de la determinación de su pena, así que acusar a personalidades de la política o altos funcionarios de gobierno se convierte en su mejor apuesta para lograr reducciones en su condena.
