Miguel Tirado Rasso
mitirasso@yahoo.com.mx
A esta Legislatura le quedarán
4 períodos ordinarios de sesiones
para sacar las leyes y reformas que la
4T necesita para ajustar
una estructura jurídica a modo.
En la apertura del primer período ordinario de Sesiones del Segundo Año de la LXV Legislatura, hoy, primero de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador cumplirá con el mandato constitucional de presentar su cuarto informe de gobierno. El otrora “día del presidente” con todo y besamanos, pasó a la historia desde hace ya 16 años. Una reforma a la Carta Magna, en agosto de 2008, libró al Primer Mandatario de la obligación de asistir al Congreso y presentar “un informe por escrito”, para quedar, simplemente, en la presentación del documento.
En el antecedente están las tomas de tribuna del Congreso por parte de la oposición de izquierda, entonces el PRD. Y es que, inconformes con el resultado de la elección presidencial de 2006, a la que calificaron de fraude electoral, impidieron al presidente Vicente Fox leer su último informe de gobierno y a Felipe Calderón, su primer informe (2007), en el recinto parlamentario. Desde entonces, los presidentes han enviado el informe al Congreso con un representante, para, posteriormente, dar un mensaje político.
El prematuro juego sucesorio hacia el 2024, impacta en la operación del Congreso y en sus integrantes. Los inconvenientes se vieron reflejados ya desde los trabajos en las plenarias de las bancadas de Morena, previas al inicio de sesiones del Congreso. Mientras que a la reunión de los diputados asistieron las tres corcholatas, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, algunos integrantes del gabinete y hasta el dirigente de su partido, la de los senadores fue ignorada por esas figuras. De las corcholatas, sólo estuvo Ebrard. Varios secretarios declinaron la invitación. Un desaire encierra el mensaje de Palacio para el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, de que la liga está por romperse.
Los destapes oficiales, vinieron a inquietar, políticamente, a los legisladores que no tienen empacho en mostrar sus preferencias por alguna de las corcholatas, lo que podría provocar fracturas internas en Morena y sus aliados, PVEM y PT, radicalizando posiciones.
A esta Legislatura le quedarán 4 períodos ordinarios de sesiones para sacar las leyes y reformas que la 4T necesita para ajustar una estructura jurídica a modo. Algo que no se ve tan fácil, al menos, no como cuando Morena gozaba de las ventajas de su mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Con una mayoría simple, sin embargo, todavía puede superar al bloque opositor en la aprobación de leyes secundarias. Su problema es con las reformas a la Constitución, para las que se requiere una mayoría calificada, que obliga a la bancada morenista a debatir y negociar con las oposiciones, algo que no está en su ADN y, menos, en tiempos anticipados de sucesión.
En el tintero están dos reformas a la Carta Magna que interesan mucho al jefe del Ejecutivo, la electoral y la incorporación de la Guardia Nacional a Sedena. Hasta ahora, el anuncio de una moratoria constitucional, por parte de los partidos que forman la Alianza Va por México, PAN, PRI y PRD, además de Movimiento Ciudadano, con la que amenazan no avalar ninguna reforma electoral “regresiva”, se presenta como un muro de contención a las propuestas de Palacio.
Esto ha obligado a los de Morena a buscar un camino para que, sin reformar la Constitución, se puedan lograr los mismos objetivos, aunque se tuerza un tanto el estado de Derecho, y dejar que sea la SCJN la que diga la última palabra. La apuesta es favorecedora a la 4T, pues las resoluciones de la Corte podrían emitirse hasta después de concluido el actual sexenio, con el riesgo de que esta tardanza haga imposible la reposición o la reparación del daño.
No sería la primera ni la última vez en que la óptica jurídica de la 4T, difiera de lo que ordena la ley. De ahí que se hable de 18 acciones de inconstitucionalidad contra otras tantas reformas, presentadas por las oposiciones, de las que la Corte ha resuelto 9. En seis casos, la resolución ha favorecido a los quejosos (oposición) total o parcialmente. Así que, con su aplanadora legislativa, el partido en el poder se puede imponer en el Congreso, aunque después, vía la impugnación legal, se de la razón a las minorías legislativas.
Está claro que los diputados y senadores tendrán que desquitar su sueldo con creces, en los períodos de sesiones que restan. Hay varios pendientes que tendrán que desatorar. Aparte de las tareas legislativas, están varios nombramientos o ratificaciones de funcionarios que tendrán que conciliar entre los diferentes grupos parlamentarios.
Es el caso del INE, de la SCJN y de algunos organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL), que están funcionando de manera irregular por la falta de nombramiento de comisionados que reemplacen a los que se han retirado por concluir su término de gestión.
Algo podrán hacer los legisladores para corregir estas omisiones que afectan la operación de instituciones convenientes y necesarias para el país.
