Miguel Tirado Rasso
Si se trataba de inquietar al sector bancario, sin duda el propósito se logró. En un nuevo estilo de hacer política, el líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, quizás uno de los políticos de mayor colmillo en el equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sorprendió a propios y extraños con la presentación, hace unos días, de una iniciativa de ley que elimina el cobro de comisiones bancarias.
Estamos hablando de una propuesta para prohibir o reducir cobros que los bancos hacen a sus usuarios, y que todos hemos padecido, en casos como transferencias interbancarias, retiros en efectivo en cajeros automáticos, consulta de saldos, solicitud de estados de cuenta, reposición de plásticos bancarios, mantenimiento de saldo mínimo, entre otros. Cobros de los cuales, en muchos casos, no tenemos conciencia, pero que cuando los registramos, no tenemos más alternativa que pagar, pues no son tema de negociación.
Una iniciativa, pues, que podría haberse sometido a una consulta popular, sin el menor riesgo de salir triunfante por aclamación, pues el sector bancario no se caracteriza por su popularidad y, cubrir pagos extras por servicios que supondríamos deberían estar incluidos en lo que las instituciones bancarias ofrecen, no es, precisamente, algo agradable. Pero si bien, la intención del senador Monreal es buena porque procura la protección de los intereses de los débiles en la relación banqueros-usuarios, la forma, el estilo no resultó el más adecuado y provocó un estremecimiento en el sector financiero, además de una cascada de cuestionamientos y críticas, obligando a moderar el ritmo del proceso de aprobación de la iniciativa y abrirlo a discusión.
Usualmente las propuestas que modifican los términos de la relación con proveedores de servicios, se discutían entre las partes involucradas, dando oportunidad a escuchar los distintos puntos de vista. Una costumbre sana, para evitar decisiones precipitadas o inconvenientes por los efectos y consecuencias que podrían generar.
En este caso, se dice que el solo anuncio de la iniciativa de ley, que tomó por sorpresa al sector financiero, impactó en el precio de las acciones de varias entidades bancarias, como fue el caso del Grupo Banorte cuyas acciones perdieron 11 puntos y las de Santander, que bajaron 9.05 por ciento. Al cierre de la sesión de la Bolsa Mexicana de Valores del martes pasado, las pérdidas en la capitalización bursátil de los grupos financieros rondaba los 125,000 millones de pesos.
Cifras inimaginables de pérdidas que pudieron evitarse de haber procedido a la antigüita, abriendo el diálogo con el sector bancario para encontrar una solución concertada. Aunque, tal vez, de lo que se trataba era, precisamente, de mandar un mensaje a ese sector, como fue el caso de la cancelación del AICM, de que la Cuarta Transformación incluye nuevas formas y modos en la relación con los empresarios.
Porque, con todo y el respeto a la división de poderes, resulta difícil suponer que el líder del grupo parlamentario de Morena en el Senado, un político con experiencia legislativa y ex gobernador, se le hubiera ocurrido poner en vilo a un sector tan sensible y estratégico para el desarrollo del país como es el financiero, con una propuesta aceptable, en principio, sin haber tocado base con quien, en dos semanas, tomará las riendas del gobierno del país.
Un juego político delicado, si es el caso, que convendría revisar para evitar que ocurran daños colaterales innecesarios.
