Miguel Tirado Rasso
mitirasso@yahoo.com.mx
Hay que entender que la Jefa del
Ejecutivo es la Presidenta de todos
los mexicanos, no solamente de
los de Morena y sus aliados.
Continúa el avance incontenible e irremediable de la propuesta de Reforma Electoral que la Presidenta Claudia Sheinbaum, en un alarde de autosuficiencia, decidió encargársela a los más cercanos colaboradores de su gobierno y, para que no hubiera duda sobre los contenidos, intereses y la línea que debería seguir la propuesta, denominaron “Comisión Presidencial para la Reforma Electoral”, al grupo de trabajo conformado.
Lo anterior refleja el concepto de pluralismo e integración que tiene el gobierno morenista, cuando para la elaboración de la propuesta que se enviará al Congreso, no incluyó a ninguna figura independiente, imparcial, algún experto en la materia que aportara “otros datos” que podrían enriquecer la propuesta. Lamentable, porque esta reforma impactará en la democracia del país, con repercusiones en su futuro político, además de su obligatoriedad para todos los ciudadanos mexicanos, simpatizantes o no de la 4T.
Conviene recordar, que de los 58.6 millones de votos válidos emitidos en la elección presidencial pasada, si bien, la Presidenta obtuvo 35.9 millones de votos, los que votaron por otras opciones sumaron 22.7 millones, que no son pocos, de un padrón total de 98.4 millones de posibles votantes. Hay que entender que la Jefa del Ejecutivo es la Presidenta de todos los mexicanos, no solamente de los de Morena y sus aliados. Durante su campaña presidencial y como candidata de Morena, sus discursos estaban dirigidos a sus partidarios y a convencer a quiénes no lo eran. En eso constituía su tarea. Pero asumido el cargo, su responsabilidad es gobernar para todos, propios y extraños de la 4T, porque ella representa a México y a toda su población.
Por eso consideramos un grave error de origen que, para la elaboración de una propuesta de reforma electoral, la Presidenta de todos los mexicanos, creara una comisión integrada únicamente por miembros de su gabinete, mostrando, abiertamente, una parcialidad incompatible con su cargo. Ignorando a los millones de ciudadanos que hay en la oposición o que piensan diferente, como si no existieran. En el colmo, tampoco incluyeron a ningún representante de los partidos aliados a Morena, el PT y el PVEM.
La experiencia histórica del estilo de trabajo legislativo, en los tiempos de la 4T, nos ha mostrado que las iniciativas de Palacio Nacional, son aprobadas por la avalancha de Morena y sus aliados, aprovechando su mayoría calificada en ambas cámaras, sin moverle ni una coma. Que la convocatoria al parlamento abierto, que tanto presumen los dirigentes de las bancadas de diputados y senadores morenistas, únicamente sirven para taparle el ojo al macho, pues de lo que ahí se dice, como algunos legisladores de ese partido han recnocido, los oyen, pero no los escuchan. Por lo que resultan ejercicios sin ninguna trascendencia. Inútiles, pues, ya que nada de lo que ahí se dice es tomado en cuenta.
La cerrazón oficial a las voces divergentes, no se puede ocultar. La Primera Mandataria descalifica, sin mayores argumentos, otras propuestas de figuras opositoras que dice haber leído. La de Claudio X. González, “bastante mala”. La de Lorenzo Córdova, “no está muy buena” y la del INE, “larguísima”, aunque tiene algo interesante, dijo, “llevar la elección de jueces para el 28 (2028) y no el 27 (2027), para que no quede todo junto, entonces habrá que considerarlo.” Bueno, al menos, algo gustó en Palacio.
Cuando la presidenta del INE y varios de sus consejeros se reunieron con el titular de la Comisión Presidencial, Pablo Gómez, para entregarle su propuesta de reforma electoral, el otrora destacado activista de oposición, olvidando su pasado de lucha en contra de que el gobierno organizara, dirigiera y calificara el resultado de las elecciones, ahora muy comprometido a quedar bien con la Presidenta, les aclaró su postura, respecto de la autonomía del organismo. No puede ser autónomo, les indicó, porque esto implicaría que pueda darse sus propias leyes y gobernarse por sí mismo, lo que no corresponde a un órgano administrativo del Estado como es el INE, señaló. Este organismo no puede ser autónomo en ese sentido literal, concluyó.
La posición del titular de la Comisión Presidencial, generó una cascada de críticas, al grado de que la Presidenta tuvo que intervenir, asegurando que su reforma no quitará la autonomía al INE, ni busca un control político. “No se trata de quitarle autonomía al INE, no se la vamos a quitar…” dijo, y hasta ahí todo iba bien, pero la Mandataria decidió adjetivar la autonomía del Instituto: “…pero, pues que sea algo razonable.” Remató. Lo que nos dejó con la interrogante de cuál será el parámetro y quién determinará lo que sea razonable. Autónomo, entonces, pero nada más poquito.
