Miguel Tirado Rasso
mitirasso@yahoo.com.mx
Ahora, con la cuarta transformación,
se busca repetir un presidencialismo
todo poderoso con todo y partido hegemónico,
como el de los años 70, del siglo pasado.
En su gira de no campaña electoral para la presidencia de la República por el estado de Tabasco, la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, se olvidó de la simulación y del cuidado de las formas para vociferar, ante la audiencia que la escuchaba, el característico grito de campaña, “vamos a ganar la Presidencia de la República, vamos a ganar las dos terceras partes del Senado, la Cámara de Diputados, los municipios, gubernaturas…” Además de arremeter contra los partidos políticos de oposición y de paso, contra el Poder Judicial. El enemigo favorito de la 4T, del momento.
Y es que, tras poco más de tres años de recorrer el país, primero, como aspirante a la candidatura presidencial, luego, como corcholata, triste eufemismo propio de la 4T, y, ahora, como coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, a la ex jefa de Gobierno de la CDMX, le resulta complicado moderar su discurso para no caer en exclamaciones propias de campaña electoral, que, de acuerdo con la ley electoral, están prohibidas, por no ser todavía los tiempos de proselitismo electoral.
Con los tiempos adelantados, también las etapas se anticiparon. Y, al menos, ya hay dos candidatas presidenciales, prácticamente oficiales y en campaña, cuando faltan, de acuerdo con la ley, las etapas correspondientes a las precampañas y a la campaña presidencial.
En el calor de una campaña que se prolonga más de lo deseable, por la precipitación de Palacio para arrancar el proceso de la sucesión presidencial con inesperada anticipación, los tiempos y las formas para su regulación, resultaron inaplicables y las autoridades, rebasadas. Haberlo adelantado tres años hizo que, el proceso, navegara sin controles y a voluntad del partido en el poder, hasta que el INE fijara la fecha del inicio formal del proceso. Bueno, más o menos.
En las múltiples reformas que precedieron a la actual Ley Electoral, la preocupación fue regular el proceso de la sucesión presidencial a partir del segundo semestre del quinto año de la administración sexenal, en el mes de septiembre. Por eso, para los actos anticipadísimos no hay normatividad, existe una laguna jurídica.
De acuerdo a la experiencia histórica, ningún jefe del Ejecutivo, había mostrado interés en adelantar el proceso para su sucesión, sabedores de que esto, inevitablemente, repercutiría en el control político y en el ejercicio de su gobierno. En contra, los jefes de la Nación, buscaron ejercer su mandato, sin distracciones futuristas, el mayor tiempo posible, hasta que los tiempos los obligaran a atender su sucesión. Una regla, de los viejos tiempos, recomendaba contención a los aspirantes, “el que se mueve, no sale en la foto.” Eran las épocas del partido casi único.
Con la apertura democrática, se promovieron reformas que acabaron con la injerencia del gobierno en las contiendas electorales. Ahora, es competencia exclusiva de una autoridad electoral autónoma e independiente. El IFE, primero, el INE, después. Los cambios a la legislación electoral buscaron el fortalecimiento de la Institución, pero las reformas fueron más allá, ante demandas de partidos de oposición, concretamente el PRD, para eliminar toda intervención del gobierno en los procesos. Los excesos de estas reformas los padecen, ahora, quienes entonces las plantearon, como exigencia de piso parejo.
Ahora, con la cuarta transformación, se busca repetir un presidencialismo todo poderoso con todo y partido hegemónico, como el de los años 70, del siglo pasado. Por lo pronto, en ese sentido avanza. Desde Palacio Nacional se arrancó el proceso, para tener el control absoluto del proceso sucesorio, decidiendo tiempos, ignorando la ley, eligiendo aspirantes, destapando a su candidata oficial y descalificando a personajes y partidos de oposición. El control político al interior, es total y la rebeldía al cumplimiento de las medidas cautelares y el poco respeto a las autoridades electorales, son mal presagio para cualquier conflicto post electoral.
Este retorno al pasado incluye el control total del gobierno sobre los procesos electorales. Por descontado está, la desaparición de la autoridad electoral, el INE, de continuar la 4T, cuya autonomía enfada, por no plegarse a las instrucciones de Palacio y pretender regular los procesos con apego a la ley.
En este sentido se manifesta la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, al anunciar que el objetivo es ganar el Congreso para que, con la mayoría calificada, se aprueben las reformas constitucionales para la desaparición del INE y del INAI, entre otros incómodos organismos autónomos y cambiar la ley orgánica del Poder Judicial, para “democratizar a la Corte”. Lo que quiere decir, que quede sometida al Poder Ejecutivo, para que, junto con el Poder Legislativo, trabajen al servicio del presidente de la República, y se termine con eso de la autonomía e independencia de los tres poderes de la Unión. Aunque esto sea un mandato constituciónal.
