Miguel Tirado Rasso
mitirasso@yahoo.com.mx
El tema es de carácter legal.
De interpretación del tratado comercial,
revisión de las cláusulas y
honrar compromisos firmados.
Nada que ver con amenazas
a la soberanía nacional.
El hecho de que nuestros socios en el Tratado entre México, EU y Canadá (T-MEC), decidieran ir a consultas para resolver las controversias generadas por la política energética de nuestro país, que, consideran, viola varios de los preceptos de dicho Tratado, al negar el acceso al mercado nacional a compañías privadas y dar preferencia a las estatales (Pemex y CFE), no debiera sorprendernos mucho.
Desde hace un buen rato, los mensajes de parte del gobierno norteamericano, daban cuenta de la inquietud, tornada más tarde en preocupación, ante las acciones proteccionistas emprendidas por la 4T en favor de las llamadas empresas productivas del Estado, Pemex y CFE, en detrimento de la apertura comercial e inversión privada, contempladas en el T-MEC. De hecho, en el discurso oficial se insistía en la necesidad de colocarlas en una situación de privilegio, de recuperar su condición monopólica, con miras a retrasar el reloj de la historia, ignorando los compromisos contraídos por México en el tratado comercial, signado al amparo de una reforma constitucional vigente.
De que nuestro vecino buscó, a través de la vía diplomática, resolver las diferencias en los temas de energía del convenio comercial, no hay duda. Por lo pronto, en distintos momentos, nos visitaron la vicepresidenta, Kamala Harris, el secretario de Estado, Anthony Blinken, la secretaria de Energía, Jennifer Granholm y el enviado especial de temas para el Cambio Climático, John Kerry. Este último en tres ocasiones.
También hubo comentarios de la jefa de la Oficina de Representación Comercial, Katherin Tai; posicionamientos de congresistas republicanos y demócratas y quejas de empresarios de aquel país, acusando inequidad en la política energética de nuestro país e incumplimiento en los compromisos contraídos. En este grupo, habría que incluir, también, a la ministra de Pequeñas Empresas, Promoción de Exportaciones y Comercio Internacional canadiense, Mary Ng.
La respuesta oficial a estos reclamos, cuando la hubo, fue que todo estaba bien; que las reuniones con sus contrapartes eran muy exitosas, y que las medidas de la Secretaría de Energía no constituían ninguna infracción al tratado comercial con nuestros socios.
La realidad nos muestra que no todo iba viento en popa. Que el respeto a los compromisos firmados en el nuevo tratado comercial, al menos desde la óptica de nuestros socios, estaba lejos de ser riguroso.
El tema es de carácter legal. De interpretación del tratado comercial, revisión de las cláusulas y honrar compromisos firmados. Nada que ver con amenazas a la soberanía nacional, aunque esto resulte muy atractivo para efectos de política interna y un imán para buscar un respaldo popular que sustituya los escasos argumentos legales para justificar las medidas de privilegio aplicadas en favor de nuestras paraestatales y en perjuicio de empresas e inversiones extranjeras. El planteamiento es de mismo trato, de libre competencia y concurrencia, conceptos consagrados en nuestra Constitución, que, en la reforma de 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), no se respetan.
En específico los puntos contemplados en la reclamación son: el cambio al orden del despacho de energía eléctrica para dar prioridad a las plantas de CFE sobre las empresas privadas; las demoras, rechazos y revocaciones de permisos para que empresas privadas puedan operar en el sector energético; la ampliación del plazo para que Pemex reduzca el contenido de azufre en el diésel automotor, extensión no otorgada a las empresas privadas, y el condicionamiento a los usuarios mayoristas de gas a contratar, con Pemex y CFE, la importación y transporte del gas para tener acceso a los ductos del Centro de Control de Gas Natural (Cenegas).
Y es que, al no lograr la reforma constitucional en materia energética, sigue vigente el marco jurídico bajo el cual se firmó el T-MEC, con todos sus efectos jurídicos, derechos y obligaciones. Pero aún si procediera una reforma, en base al principio universal de derecho que prohíbe la retroactividad en la aplicación de las leyes, habría que respetar todos los actos jurídicos concertados y acordados en base a las normas vigentes en el momento de su realización. Algo, que no es del agrado de la 4T, pero que, por el bien de la certeza jurídica y el respeto al estado de derecho, es preciso acatar.
