Luis Carlos Rodríguez González
El reciente caso en donde la policía canadiense liberó a 43 mexicanos que vivían en condición de esclavitud moderna y que eran obligados a hacer labores de limpieza en propiedades vacacionales y hoteles de Ontario no es un hecho aislado en ese país.
Por más que los gobiernos mexicano y canadiense se cansen de decir que el programa temporal de trabajadores migratorios entre los dos países es un ejemplo para otras naciones, son constantes y diversos los casos de abusos, explotación laboral extrema que cometen empleadores de aquella nación en contra de los migrantes nacionales.
De acuerdo al reciente caso, las víctimas pagaron a los traficantes grandes sumas de dinero para dejar su país de origen y ser transportados a Canadá.
Una vez en ese país, las víctimas fueron obligadas a vivir en condiciones miserables en lugares en Barrie y Wasaga Beach. En ocasiones los trabajadores mexicanos se quedaban con apenas 50 dólares al mes después de pagar cuotas a sus patrones. Una especie de “casa de raya” como la existía en el México de la época de las Haciendas.
De acuerdo a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de México, el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT), establecido en 1974, “es una alternativa de movilidad laboral segura, legal y ordenada, que tiene como objetivo promover el envío de jornaleros agrícolas mexicanos a las diferentes provincias de Canadá, en donde se les garantiza el respeto a sus derechos laborales”.
En el 2018 la STPS envió alrededor de 26 mil jornaleros mexicanos “que tienen oportunidad de beneficiarse con una jubilación bajo el régimen laboral de Canadá, cuando cumplan como mínimo 8 años trabajando y 60 de edad, con el 80 por ciento de su salario base, y en caso de 65 años cumplidos, con el 100 por ciento de su sueldo” trabajando en el cultivo y cosecha de verduras, frutas, cereales, tabaco, árboles y pasto, así como en labores de horticultura, apicultura y del sector pecuario.
A su vez, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México agrega en su página oficial que la estancia máxima permitida por el gobierno canadiense es de ocho meses, durante los cuales nuestros connacionales son “colocados” en diferentes granjas de las siguientes provincias: Alberta, Columbia Británica, Isla del Príncipe Eduardo, Manitoba, Nueva Escocia, Nuevo Brunswick, Ontario, Quebec y Saskatchewan.
Esa es la parte oficial que destaca el gobierno mexicano y que además de ser una especie de aval y en ocasiones actúa también como un “coyote” o “pollero”, sobre todo cuando las empresas canadienses abusan o no cumplen con lo prometido y quieren obligar a los migrantes a trabajar hasta 12 horas al día, sin descansos semanales o que cuando regresan a los trabajadores migratorios que llegan a enfermarse y no les pagan lo prometido.
Lo cierto es que miles de mexicanos que viajan cada año viven en condiciones insalubres, en galeras de madera, incomunicados por la lejanía de las granjas, pagos incompletos y la amenaza de ser regresados a México en caso de no trabajar horas extras y los días de descanso.
En septiembre del 2018, un grupo de jornaleros mexicanos que fueron “colocados” por la STPS en granjas canadienses, denunció maltrato por parte de sus empleadores, falta de material para laborar, presión psicológica y amenazas de culminación del contrato.
En un reportaje para la televisora CBS, afirmaron que trabajaban sin equipo de protección a pesar de estar expuestos a plaguicidas y aseguraron que no hay protección de los consulados mexicanos en Canadá cuando han denunciado este tipo de situaciones.
“Hablé con ellos una vez con la gente del Consulado y no me apoyaron. Me dijeron la empresa tenía derecho a enviarme de regreso a México porque no respeté mi contrato al no trabajar después de mi cirugía”, dijo un jornalero mexicano a la televisora estadunidense. Tal Cual.
