Luis Carlos Rodríguez González
En el gobierno de la Cuarta Transformación y como parte de los acuerdos con el gobierno de Donald Trump, al menos en 18 estados, funcionarios con perfil o antecedente militar han asumido la representación y control del Instituto Nacional de Migración (INM).
Los militares en el actual gobierno, que se jacta del respeto a los derechos humanos, ya no sólo han asumido el control de la Guardia Nacional, la construcción de mega obras como el Aeropuerto de Santa Lucía, la administración de los Bancos del Bienestar, ahora también la detención, encierro y deportación de los migrantes.
Hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), tan cuestionada por su papel ambiguo en este sexenio, protestó por este silencioso control del Ejército en materia migratoria. Ni en Estados Unidos en el gobierno de Trump se dejó a los militares controlar los albergues de migrantes o encabezar la política en la materia.
Esta semana la CNDH de forma conjunta con cientos de organizaciones de derechos humanos, albergues, de protección a los migrantes “protestaron enérgicamente en contra de la decisión de militarizar el Instituto Nacional de Migración (INM), toda vez que, a la fecha, se advierte que en 18 entidades federativas han sido nombradas personas con perfil militar para conducir las representaciones u oficinas de ese Instituto”.
Se trata de los estados de Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Sinaloa, Sonora, Veracruz, Chiapas y Yucatán.
Para nadie es un secreto que por años el Instituto Nacional de Migración se convirtió en un espacio de impunidad, corrupción y abusos contra los migrantes, incluidos niños. Ahora la solución mágica del gobierno federal es militarizar esa instancia, como si no supiéramos que el Ejército es uno de los mayores violadores de derechos humanos en el país. ¡Vaya solución!
Dónde estará el padre y ex defensor de migrantes, Alejandro Solalinde, quien en el sexenio pasado denunciaba abusos de militares en contra de los migrantes. Hoy mimetizado con su patrón en Palacio Nacional, guarda silencio ante esta grave medida de dar el control del INM a los soldados.
La CNDH y las organizaciones advierten que esta militarización abona a la idea de la criminalización de los grupos de personas migrantes, lo cual agrava aún más su situación de vulnerabilidad. Además de que se aleja de la perspectiva de derechos humanos de la cual presume el presidente López Obrador.
“Expresamos nuestra preocupación por la falta de claridad en la conducción de la política migratoria y, por las diversas violaciones a derechos humanos de las que son objeto un sin número de migrantes en movilidad por nuestro país”, advirtió la CNDH y organizaciones como el Albergue Cobina el Refugio del Migrante en Mexicali, Baja California; Albergue Cobina La Posada del Migrante en Mexicali, Baja California; Grupo de Apoyo de Mujeres que Aman Diferente, entre otros.
De este lado del Muro. El segundo informe de gobierno del presidente López Obrador fue un rosario de verdades a medias y ficción no sólo en materia migratoria, sino el afirmar que se han cumplido 97 de sus 100 compromisos cuando tenemos la más alta letalidad por Covid-19 en el mundo, un sistema de salud colapsado, más de 30 millones en el desempleo y el año más violento en la historia del país, resumió Adriana Díaz Contreras, secretaria general del PRD. Tal Cual.
