Luis Carlos Rodríguez González
Al cumplirse 8 años de la Matanza de Migrantes en San Fernando, Tamaulipas, donde al menos 72 centro y sudamericanos fueron asesinados por el crimen organizado en medio de la “guerra contra el narcotráfico” que emprendió Felipe Calderón y continua Enrique Peña Nieto, prevalece la impunidad, la corrupción en torno a las investigaciones, las omisiones y la apuesta del Estado mexicano hacia el olvido.
“Ni perdón, ni mucho menos olvido”, fue la frase que se escuchó y retumbó en la vieja finca del Huizachal, de ladrillo gris, abandonada, donde hace ocho años un grupo de sicarios martirizaron y asesinaron a uno por uno a mujeres, jóvenes, adultos, cuyo único pecado fue atreverse a cruzar por México, por Tamaulipas y caer en manos de criminales que los secuestraron y los querían obligar a convertirse en criminales y al negarse acabaron con sus sueños de llegar a Estados Unidos.
Con una gran cruz de madera negra, adornada con pequeñas cruces rojas, un grupo activistas y religiosos, como el padre Pedro Pantoja y Fray Tomás, se trasladaron el pasado 21 de agosto a esta tierra de nadie, del narco, donde la omisión o comisión de autoridades solaparon el peor crimen contra migrantes en el mundo en las últimas décadas.
Es tal la impunidad en México respecto a este tema que han pasado 8 años, dos del gobierno de Felipe Calderón y seis de Enrique Peña, que ni siquiera se ha identificado a todas las víctimas e incluso se han entregado restos humanos de otras personas a familiares de los migrantes asesinados. Hay 8 detenidos por la masacre de San Fernando, pero no hay un sentenciado. La reparación del daño es a cuenta gotas.
Con la agilidad que distingue a la justicia mexicana y al cumplirse sólo ocho años de este caso, hace unos días la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) inició el proceso de compensación para uno de los sobrevivientes y 47 familiares de las víctimas.
Con ello gobierno mexicano indemnizará a las 48 personas de nacionalidad ecuatoriana, quienes son los primeros en recibir estas compensaciones. Sin embargo, el caso involucró también a migrantes de Honduras, El Salvador, Guatemala y Brasil.
Fray Tomás, activista y director del Albergue para Migrantes “La 72” lanzó un mensaje a Andrés Manuel López Obrador, presidente electo y su equipo de transición, al presidente Enrique Peña y a su antecesor, Felipe Calderón, para recordarles que son representantes de un Estado “homicida y terrorista” cuya política migratoria es muerte para los pobres y los migrantes.
Frente a la finca en El Huizachal, en el norte de Tamaulipas, donde fueron apilados los cuerpos de cuerpos de los migrantes de Centro y Sudamérica hace ocho años, dijo que si a los responsables de esta masacre no los juzgan las instituciones, la sangre estos migrantes asesinados ya los han juzgado por omisión o comisión.
“¿Cuánto dolor, cuanta impunidad, cuánta indignación? Lo mínimo que esperamos es dignidad y garantía de no repetición de todos estos crímenes de lesa humanidad. Es justicia. Ni perdón, ni mucho menos olvido”, sentencio Fray Tomás.
Qué se les puede decir desde el nuevo gobierno a los migrantes que son extorsionados, secuestrados, a las mujeres y niñas violadas. A los familiares de las víctimas de San Fernando, pero también de los cientos o miles que han encontrado en fosas clandestinas lo mismo en Tamaulipas que en Veracruz. No puede haber borrón y cuenta nueva, no puede haber perdón y olvido ante tanta crueldad. Ya pasaron 8 años de impunidad y de olvido. Tal Cual.
