Diego Ortiz
La situación en que se encuentran los casi 90 albergues para migrantes en el país es grave: signos de persecución, hostigamiento para deportar a centroamericanos por parte de autoridades federales y estatales, falta de recursos para atender lo mismo a extranjeros que a mexicanos deportados desde Estados Unidos y mentiras oficiales respecto a supuestas ayudas y recursos para realizar esta labor humanitaria.
Lo ocurrido hace unos días en la Casa del Migrante de Saltillo y denunciado por su director, Alberto Xicoténcatl, por violaciones a la ley de migración por parte de militares y policías municipales, cuando trataron de allanar el albergue para detener a migrantes es un signo grave de la política migratoria que ha emprendido el actual gobierno federal en contra del flujo de extranjeros que cruzan por México para llegar a Estados Unidos.
Las imágenes difundidas por televisión y en redes sociales donde elementos de la Policía Militar y policías municipales intentan ingresar a dicho albergue, son violatorias de la Ley de Migración, que prohíbe este tipo de operativos y nos recuerdan más lo que esta ocurriendo con las redadas en Estados Unidos ordenadas por el gobierno de Donald Trump, que con el discurso supuestamente “humanitario” del actual gobierno mexicano.
No es un caso aislado de las nuevas funciones de militares y de la flamante Guardia Nacional para detener, deportar e inhibir la migración centroamericana y caribeña en México. Una fotografía de un agente de la Guardia Nacional deteniendo a una mujer y su hijo en la frontera entre México y Estados Unidos nos recuerda las nuevas labores para lo que fue creada esta institución que en lugar de combatir a la delincuencia, a los carteles de la droga, está deteniendo a familias de migrantes lo mismo en Chiapas que en Ciudad Juárez.
Sumado a ello hay una política oficial por descalificar la humanitaria labor que realizan esta red de albergues. Hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que los albergues de la sociedad civil que brindan ayuda humanitaria a los migrantes en México dejarán de recibir apoyo económico del gobierno federal debido a que han detectado “distorsiones en el manejo de los recursos”.
De inmediato, diversos directores de esta red de albergues rechazaron que reciban algún apoyo o recurso federal. Desde Chiapas hasta Tijuana lamentaron los dichos presidenciales. Incluso el padre Alejandro Solalinde, cercano al presidente López Obrador, manifestó su extrañeza por dichas declaraciones y recordó que los albergues no reciben ningún tipo de subsidio gubernamental.
La directora de la Casa del Forastero Santa Martha, en Nuevo León, Daniela García, rechazó tajantemente los dichos presidenciales y recordó que estas instituciones sobreviven con donaciones de la sociedad civil.
Todos estos albergues están en una situación grave, de sobrepoblación, los del norte, es decir de Tijuana, Reynosa, Mexicali, Ciudad Juárez o Nogales, entre otros, porque a la población de centroamericanos y caribeños, se les suman los miles de mexicanos que han sido deportados en los últimos meses por parte de la administración de Donald Trump.
Lo que requieren estos albergues son apoyos y no descalificaciones, linchamientos o mentiras sobre su financiamiento o labor. México no puede seguir imitando la política migratoria de Estados Unidos. Tal Cual.
