La situación hizo crisis en junio pasado: la directora fue acusada por presas, sus familiares y la diputada local del partido verde Rebeca Peralta León de corrupción, violencia y extorsión.
Asimismo, negó que la venta de productos alimenticios realizada por concejales y diputados represente una competencia desleal ya que se cumple con las normativas sanitarias, fiscales y administrativas al ser adquiridos en la Central de Abasto y no lucramos con la población pues esto permite ofrecer mercancías a precios más bajos.