Durante la sesión del 7 de enero de 2026, el Pleno determinó que los padres biológicos deben responder por esta obligación aun cuando no hayan cumplido durante años.
El caso más emblemático es el del ministro en retiro Juan Luis González Alcántara quien, tras salir de la Corte, reportó que recibió un pago de 4 millones de pesos como parte de un fideicomiso del Poder Judicial de la Ciudad de México, del que fue presidente.