Ello, como estrategia de restauración de la biodiversidad y para garantizar el equilibrio ecológico de los ecosistemas, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley General de Vida Silvestre.
Explicó que la reforma vigente desde enero de 2026 no solo amplía las facultades de inspección, sino que eleva de manera significativa el riesgo legal para las empresas que no acrediten un cumplimiento efectivo y documentado.
Según datos del INEGI (2020), en México hay cerca de 6.1 millones de viviendas deshabitadas, que se convierten en espacios donde la falta de servicios y comunidad facilita la presencia del crimen organizado y normaliza la violencia en la vida de miles de niñas y niños.