Entre otras cosas, la acción legal tiene como objetivo impugnar las leyes locales que limitan la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
La reducción de remesas podría detener la construcción de miles de casas, afectando especialmente a las regiones más vulnerables. La necesidad de proporcionar vivienda a los deportados plantea un desafío monumental para México, exacerbado por la falta de infraestructura básica en las áreas de retorno.