Al revisar los informes de ingresos y gastos de precampaña de los partidos políticos a los cargos de diputaciones, el proyecto de resolución revisó 36 candidaturas, 25 de Movimiento Ciudadano y 11 de Morena.
La información fue difundida por la propia Profeco y su titular, Iván Escalante, como parte de su orientación oficial para consumidores. En este contexto, la autoridad advirtió que cualquier cargo agregado sin autorización —incluida la propina— puede considerarse una práctica abusiva sancionable.
Los magistrados Felipe Fuentes (ponente del caso), Gilberto Batiz y Felipe De la Mata dieron por bueno el argumento del PRI, pese a que la determinación del INE incluyó dar vista a las autoridades hacendarias y a la Fiscalía General de la República ante las presuntas irregularidades de la empresa a la que el tricolor supuestamente le pagó 20 millones de pesos para hacerle un estudio relacionado con las leyes electorales.