De acuerdo con información obtenida del Departamento Antimafia se supo que la Fiscalía rumana podría, en breve, solicitar el apoyo de las autoridades mexicanas para evitar que esto suceda.
Explicó que la reforma vigente desde enero de 2026 no solo amplía las facultades de inspección, sino que eleva de manera significativa el riesgo legal para las empresas que no acrediten un cumplimiento efectivo y documentado.