Ante la afectación comercial propiciada por esta decisión de las autoridades de la terminal aérea capitalina, incluso una de las empresas afectadas está considerando interponer un amparo por francas acciones que violentan las disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, así como las disposiciones de derechos humanos, mismas “que como siempre sucede en el Aeropuerto”, nunca son consultadas por las autoridades antes de tomar una decisión con respecto al servicio de taxis.