Dicho órgano asumirá las funciones administrativas de la Judicatura y tres de sus integrantes serán nombrados por la nueva Suprema Corte, uno por el Senado y otro por el Ejecutivo.
El “aseguramiento” causó su expulsión arbitraria, convirtiendo añosos conflictos civiles en delitos penales que engordaron las cifras, como se publicó en la edición 2420 de Proceso (marzo de 2023).