Sería durante los meses de agosto a diciembre del año de ejercicio fiscal 2020, a personas físicas y morales que presten servicios de alimentos preparados.
La propuesta plantea que sea de abril a octubre de este año. Urgen medidas fiscales para proteger a las familias más vulnerables del país, ante el impacto económico por el COVID-19
Ambos casos activaron protocolos institucionales y encendieron alertas sobre la protección de datos personales, así como sobre la continuidad de servicios críticos en un entorno digital cada vez más complejo.