La regulación actual fragmenta al sector, fomenta la informalidad y pone en riesgo la seguridad pública y privada en México. La falta de una ley general permite que incluso, el crimen organizado utilice la figura de empresas de seguridad privada como fachada.
El pasado 4 de marzo se celebró una audiencia, sin precedentes, ante la Suprema Corte de Estados Unidos para exponer el caso en contra de empresas manufactureras y distribuidoras de la industria.
El Gobierno de la Ciudad de México llevó a cabo una inspección en la plancha del Zócalo con representantes de dicha sección, para que pudieran verificar la realización de maniobras de instalación de pantallas, estructuras metálicas mediante grandes grúas y otros equipos.