Específicamente, se añadieron capítulos completos (Capítulos 11.17 y 11.18) que establecen el registro específico y la documentación necesaria que deben llevar los contribuyentes que opten por aplicar estos beneficios.
Por una votación cuatro a dos, la mayoría de magistrados señalaron que no tienen competencia para ordenarle al OIC detener el procedimiento administrativo.