De acuerdo con las autoridades, la exprimera dama de Veracruz habría desviado 112 millones de pesos cuando fue presidenta del Desarrollo Integral para la Familia (DIF) estatal.
Pero vamos dejando algo claro: la difusión de ese video no es libertad de expresión ni crítica ciudadana, es un delito, y se llama violencia digital, sancionado por la Ley Olimpia.