Con una votación dividida de 6 a 3, el máximo tribunal no se pronunció aún sobre la constitucionalidad de la medida, pero sí limitó la capacidad de los jueces federales para suspender decisiones de la administración federal, como ha ocurrido con decretos migratorios en el pasado.
El documento entregado al Congreso de la Unión, establece que tres cuartas partes de las cuotas que pagan los bancos al IPAB ya no serán deducibles, por lo que no habrá aumento a las comisiones o las tasas de interés en los servicios que ofrecen.