El acuerdo se formalizó tras la cancelación de los seguros de gastos médicos y busca ordenar el acceso a servicios de segundo nivel, como consultas con especialistas, estudios clínicos avanzados y tratamientos específicos.
Ambos casos activaron protocolos institucionales y encendieron alertas sobre la protección de datos personales, así como sobre la continuidad de servicios críticos en un entorno digital cada vez más complejo.