Esta actualización legal no sólo marca un hito en el ámbito de las bibliotecas, sino que también proporciona un marco sólido para el desarrollo y la protección de la propiedad intelectual, reconociendo la importancia de salvaguardar los derechos de autores, editores y demás agentes involucrados en la creación de contenidos. La ley ahora reconoce que los libros entregados en depósito legal no podrán ponerse a disposición del público sin licencia, y reserva el derecho de los editores a implementar medidas tecnológicas de protección en los archivos digitales.
Establece que todo trabajador que realice el 40% de sus actividades en un domicilio distinto al centro de trabajo aplica para esta modalidad. La norma entra en vigor dentro de seis meses, es decir, en diciembre de este año