Se necesitan políticas públicas con un enfoque claro de derechos humanos que atiendan las causas de esa práctica nociva, afirman legisladores sin grupo.
Guerrero, Chiapas, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, con el mayor número de estas víctimas.