La consulta costará alrededor de un millón 800 mil pesos y saldrá del bolsillo de legisladores federales y locales, además se espera a más de un millón de participantes.
Determinó que en el sistema constitucional mexicano "no existe facultad alguna concedida al presidente electo, razón por la cual su actuar no deriva del ejercicio formal del poder del Estado y, por ende, no puede estimarse formalmente como una autoridad estatal".