Durante la sesión la ministra Esquivel planteó desechar el trámite de consulta presentada por los juzgadores al resaltar que atenta contra el principio de división de poderes.
Agregó que "no hay ningún fundamento constitucional", por lo que "sería una arbitrariedad y esto pues afectaría la vida pública; afectaría desde luego lo que debe ser un auténtico Estado de Derecho".
Su advertencia no era una predicción mística, sino un análisis racional de tendencias sociales que ya observaba en la década de 1990: la pérdida de pensamiento crítico, el dominio mediático del entretenimiento superficial y el desplazamiento de la ciencia por la pseudociencia.