El texto aprobado especifica que comete el delito de corrupción inmobiliaria el servidor público que, por acción u omisión, permita o tolere la construcción de inmuebles o pisos adicionales sin cumplir con los requisitos legales.
La reforma al Código Penal busca dar mayores herramientas a los Ministerios Públicos para investigar y prevenir la corrupción inmobiliaria, que afecta gravemente el tejido urbano y la calidad de vida de los ciudadanos.
Rivero Villaseñor también destacó el esfuerzo conjunto de todas las fuerzas políticas representadas en el poder legislativo, enfatizando la necesidad de trabajar de forma colaborativa para atender las demandas ciudadanas de manera efectiva.
Diverso, incluyente y con visión global, los rasgos que definen al inversionista en el país. Una muestra entre inversionistas revela que ellas representan 53.8% de participación. El desarrollo de productos financieros versátiles ayuda a configurar un perfil más diverso en términos ocupacionales con inversionistas de entre 45 y 55 años de edad