En conferencia de prensa, recordó que desde el sexenio pasado, el régimen impulsó reformas para aumentar de nueve a 26 los delitos a los que se aplica la prisión preventiva oficiosa, es decir, “primero detener y luego investigar”.
De acuerdo con lo informado por el propio SAT y retomado por El Informador, el objetivo de esta medida es tener mayor control sobre recursos que no están reportados al fisco, así como frenar el flujo de dinero que se mueve sin documentación fiscal.
Exigirán transparencia y revisión pública de resoluciones que permiten retirar sellos de clausura a desarrollos inmobiliarios. En Miguel Hidalgo, “defendemos la legalidad, defendemos los usos de suelo y defendemos el patrimonio de nuestros vecinos”, afirmó Tabe.
Miles de trabajadores podrían tener recursos pensionarios dispersos en más de una cuenta individual sin saberlo, situación que puede afectar la administración de su ahorro y retrasar trámites al momento del retiro