CARACAS, VENEZUELA, 30 de junio (AlmomentoMX).- El diputado, Juan Miguel Matheus, se dirigió a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con el fin de entregar un documento para solicitar que se califique la falta grave del defensor del Pueblo, Tarek William Saab, para que la Asamblea Nacional pueda proceder a removerlo de su cargo según lo estipulado en el artículo 279 de la Constitución venezolana.
“El Defensor del Pueblo más allá de sus declaraciones por las redes sociales no ha adelantado ninguna gestión verdadera que vaya directo a la reparación de los derechos fundamentales de los venezolanos y sea capaz de cooperar con el castigo penal de quienes violaron los Derechos Humanos”, dijo el parlamentario.
“Venezuela quiere un nuevo Presidente pero también un nuevo TSJ, Consejo Nacional Electoral (CNE) y un nuevo Defensor que no sirva a la Dictadura”, agregó.
Remarcó que solo la Asamblea Nacional puede remover a la Fiscal, tras las medidas cautelares solicitadas por el diputado, Pedro Carreño, en la solicitud de antejuicio de mérito que interpuso contra la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz. “La Sala Plena solo puede calificar Faltas Graves”, subrayó.
Por otra parte en entrevista con la agencia de noticias china Xinhua, el historiador y ex director del Archivo General de la Nación, Manuel Carrero, consideró que no obstante, el ataque por sí solo no puede representar una escisión dentro de la Fuerza Armada, y tampoco puede determinar si el cuerpo castrense ha mermado su apoyo al gobierno de Maduro.
Un ataque aéreo ocurrido el pasado martes contra dos importantes instituciones venezolanas, generó opiniones acerca de una eventual ruptura en el seno de la Fuerza Armada sobre el respaldo al gobierno del presidente Nicolás Maduro.
La acción, calificada de “terrorista” por las autoridades venezolanas, consistió en que tres granadas fueron arrojadas desde un helicóptero oficial hacia las sedes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del ministerio del Interior, Justicia y Paz, por parte de un presunto grupo militar-policial que llamó a desconocer al Ejecutivo.
El suceso se produjo en un contexto de crisis política, donde además de la tradicional rivalidad gobierno-Mesa de la Unidad Democrática (MUD), han surgido nuevos actores y figuras de peso, como la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, y el ex ministro de Interior, Miguel Rodríguez Torres, anteriormente vinculados al oficialismo.
El presidente Nicolás Maduro, al condenar el ataque, acusó al líder de la operación, Oscar Pérez, sobre quien pesa orden de captura internacional, de tener vínculos con Rodríguez Torres, y a éste último de mantener relación con la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.
“Con un episodio de éstos no se puede calibrar que por dentro hubiese una fractura de la Fuerza Armada, y menos una fractura considerable, mucho más cuando se dice que el conductor había sido piloto de Miguel Rodríguez Torres, quien reconoció sus vínculos con la CIA”, expuso Carrero en entrevista con Xinhua.
De acuerdo con Carrero, el ataque pudo haber tenido el objetivo de atemorizar a la población, ante las próximas elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) del 30 de julio.
“Pareciera que el ataque al Tribunal Supremo de Justicia tiene la intención de amedrentar a la Corte, porque ha sido protagonista de una serie de eventos de carácter jurídico que tienen repercusión política, y esto tiene una proyección hacia la animosidad del país”, expuso.
Sin embargo, no consideró que el ataque tenga “repercusiones mayores”, pues aseguró que la Fuerza Armada Nacional Boliviariana (FANB) ha cambiado desde 1998, “estructuralmente y doctrinalmente”, y afirmó que no es factible que protagonicen un evento ajeno a la Constitución.
Para Carrero, el ataque aéreo representa una sublevación a la cual el Estado debe colocar especial atención, y se debe “depurar” a los elementos adheridos a la idea de irrumpir contra el estado de derecho.
Aseguró que, “de lo que se trata, es un conflicto de mediana intensidad, de mediano calibre, y estas medidas tienen que estar apegadas a la Constitución; es a través de los tribunales donde se tiene que conducir la respuesta del Estado”.
El historiador desestimó que en Venezuela se esté gestando un golpe de Estado desde el componente militar, y si lo hubiese éste no representaría los intereses de la mayoría de los efectivos de la FANB, por lo que habría elementos que se opondrían a la eventual acción.
“Sería una aventura sumamente triste, que cualquier militar vaya a encabezar una especie de golpe, porque eso no tendría una respuesta dentro de la Fuerza Armada, e inmediatamente seria respondido por los gobiernos de América aliados a Venezuela”, expresó.
Agregó que “no es la misma situación de 1992”, cuando el fallecido presidente Hugo Chávez (1998-2013) protagonizó el golpe militar contra el entonces mandatario Carlos Andrés Pérez, pues aseveró que esa Fuerza Armada “se formó en la Escuela de las Américas, siguiendo a Washington”.
“La Fuerza Armada de hoy es diferente, hay una relación que se logró establecer entre el pueblo y el ejército, que tiene un componente que caracteriza la estabilidad política y estabilidad militar”, manifestó.
Barrero sostuvo que, a más de 80 días del inicio de las manifestaciones opositoras en Venezuela, una muestra de que el gobierno tiene el control de la situación interna, es que no se ha desplegado al ejército para contener las movilizaciones.
AM.MX/fm
