CIUDAD DE MÉXICO.- La senadora del Partido Verde, Alejandra Lagunes Soto Ruiz presentó una iniciativa de ley para prohibir la solicitud de estudios o pruebas de laboratorio clínico de detección del virus de inmunodeficiencia humana VIH, como requisito para ingresar, permanecer o ascender en un empleo, pues esto es un acto discriminatorio y violatorio a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política Mexicana y en tratados internacionales.
Refirió que de 2012 a 2018 el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) recibió y analizó 301 casos de discriminación de personas que viven con VIH, de los cuales 41 por ciento ocurrieron en el ámbito laboral. De las 123 personas que se quejaron en Conapred por discriminación laboral, a 78 les fue vulnerado el derecho a un trabajo digno, y a 44 les negaron el empleo.
Y aunque estas cifras pueden parecer bajas, resaltó que se debe entender en la lógica del secreto y privacidad en la que las personas con VIH normalmente habitan, atemorizadas por que haya repercusiones mayores causadas por el estigma y discriminación de compartir su estatus seropositivo.
El que existan denuncias que llegan sistemáticamente a Conapred es solo una muestra del verdadero tamaño del problema y reafirma la necesidad de terminar con estos actos de discriminación tanto en empresas privadas como en instituciones públicas, subrayó.
Por ello, dijo que esta propuesta busca establecer que el reconocimiento pleno de los derechos de los y las trabajadoras a nivel nacional e internacional no puede y no debe de ser menoscabado por condición de salud, estigma o actos discriminatorios basados o relacionados con su condición de portadores del virus de inmunodeficiencia humana, ya que esta condición médica crónica no impide a nadie para desempeñar sus actividades laborales, no representa un riesgo para las personas a su alrededor y no limita las capacidades de las personas trabajadoras, de sus familiares, de su ingreso, permanencia o promoción a nuevos empleos o puestos laborales.
Asimismo comentó que con estas reformas propuestas también se podrán sancionar a las y los empleadores que exijan estudios o pruebas de laboratorio para detectar VIH, y a quien despida o coaccione la renuncia relacionada con la presencia del VIH, con una multa equivalente de 50 a 2500 veces la unidad de medida y actualización, es decir de 4 mil 224 pesos hasta 211 mil 225 pesos.
Finalmente dijo que esta Iniciativa retoma la Recomendación sobre el VIH y el sida y el mundo del trabajo, 2010, emitida por la Organización Internacional del Trabajo, al establecer una prohibición clara de solicitud de pruebas de detección a empleadores como medida para eliminar el estigma y la discriminación y como resultado facilitar el acceso a la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo relativos al VIH
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