CIUDAD DE MÉXICO.- Con el objetivo de proteger la economía de las y los mexicanos, especialmente en momentos de emergencia como el que vive el mundo por la pandemia por Covid-19, el senador Roberto Moya Clemente presentó una iniciativa para aumentar las penas a los proveedores que incrementen injustificadamente los precios de cualquier producto, aprovechando las circunstancias derivadas de fenómenos naturales, meteorológicos o contingencias sanitarias.
El legislador del Grupo Parlamentario del PAN aseguró que, para sancionar el incremento injustificado de precios, se debe castigar con mayor fuerza esas acciones ventajosas de los proveedores. “Debemos de velar y salvaguardar a la salud y a la alimentación, como los bienes jurídicos tutelados de mayor valía, ante el abuso indiscriminado de precios”, apuntó.
El promovente señaló que, como resultado de la emergencia sanitaria, diversos proveedores han incrementado los precios sin justificación alguna, lo cual ha repercutido directamente en la economía de los consumidores, quienes, en muchos casos, han perdido sus empleos, haciendo que esta situación sea aún más grave. “Es decir, no hay empleos, no hay sustento económico, pero sí existe incremento en los precios”, puntualizó.
Señaló que, desde el Congreso, debe evitarse que los proveedores tomen ventaja sin justificación alguna a costa de la necesidad de la población. “Esta situación tan delicada debe ser resuelta de manera inmediata”, sentenció.
La Ley Federal de Protección al Consumidor, únicamente sanciona con multa este ilícito, por lo que el legislador propuso que, ante lo grave de la situación económica por la que estamos pasando, los actos ventajosos de los proveedores sean catalogados como casos particularmente graves en la Ley.
Con esta modificación, explicó, los proveedores que incrementen injustificadamente los precios por fenómenos naturales, meteorológicos o contingencias sanitarias, no sólo pagarían una multa mayor, también podrían ser castigados con la clausura total o parcial de sus establecimientos, la cual podrá ser hasta de 90 días en términos de la Ley vigente.
Moya Clemente dijo que la propuesta no busca sancionar de manera desproporcionada o injustificada a los proveedores, por el contrario, pretende alcanzar un bien común y una protección sanitaria y económica hacia los consumidores, al evitar el incremento injustificado de los precios derivado de hechos de la naturaleza o de contingencias sanitarias.
La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 128 y 128 Ter, fracción IV, ambos de la Ley Federal de Protección al Consumidor, fue turnada directamente a las Comisiones Unidas de Economía; y de Estudios Legislativos, Segunda.
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