CIUDAD DE MÉXICO, 23 de enero (AlmomentoMX).- La Secretaría de la Defensa nacional (Sedena), solicitó 885 millones 571, 400 pesos para iniciar las licitaciones para asignar la gerencia del proyecto y la elaboración de 14 estudios de preinversión del nuevo aeropuerto de Santa Lucía, incluido el de su interconexión con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
La Sedena cuenta con un presupuesto de 15,000 millones de pesos que se le asignaron este año como “provisiones para la modernización y rehabilitación de la infraestructura aeroportuaria y de conectividad”.
Con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, se pretende disminuir la saturación del AICM con la construcción, a cargo de la Dirección General de Ingenieros de la Sedena, de un aeropuerto comercial de dos pistas de servicio de pasajeros y carga en los terrenos de la base militar de Santa Lucía. Ambos operarán simultáneamente.
Esas instalaciones serán complementadas con el Aeropuerto Internacional de Toluca, como lo estableció el gobierno federal luego de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).
En Santa Lucía se construirá un edificio terminal de pasajeros y una aduana que permita su uso para operaciones internacionales y nacionales, entre otras obras. Inicialmente se prevé que tenga un costo de 70,000 millones de pesos y esté listo para entrar en operaciones en tres años.
En la información entregada a la Secretaría de Hacienda se menciona que los estudios de preinversión serán “para la construcción de un aeropuerto mixto civil/militar con categoría internacional en la Base Aérea Militar No. 1 (Santa Lucía, México), su interconexión con el AICM y la reubicación de instalaciones militares”.
Sobre el último punto, entre los requerimientos está: identificar las instalaciones existentes en el terreno y en el área de influencia del proyecto y hacer una propuesta de reubicación en un lugar que permita la construcción y operación del aeropuerto, así como en su caso hacer el máximo aprovechamiento de lo existente.
La ficha técnica elaborada por la Sedena no contiene los montos estimados para realizar cada uno de los estudios. El espacio destinado para ello está en color negro y sobre él la leyenda: “De conformidad al artículo 110 de la Ley Federal De Transparencia y Acceso a la Información Pública”.
Ese artículo refiere que se puede clasificar como información reservada aquella que: comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable u obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones, entre otras condicionantes.
A pesar de que no menciona a detalle el costo de los estudios, queda claro que considera, de inicio, un tipo de cambio 20 pesos por dólar y de 22.50 pesos por euro, que al cierre fue de 19.16 y 21.76 pesos.
Con la finalidad de lograr una “correcta y completa integración de la información de todos los estudios de preinversión”, la dependencia requiere de una empresa experimentada que coordine, valide y asegure la calidad de la misma para establecer los alcances, costo y tiempo de ejecución del nuevo aeropuerto.
“La gerencia de proyecto comprende el diseño y acompañamiento del programa cronológico y secuencial en el que se llevarán a cabo los estudios técnicos preliminares, que obligatoriamente cumpla con la Norma Oficial Mexicana e internacional aplicable, y con base en ellos elaborar el anteproyecto y proyecto ejecutivos relativos a la construcción del aeropuerto”, se detalla en la documentación de registro.
Otro estudio fundamental para la nueva infraestructura que se licitará es la elaboración de un plan maestro que determine la capacidad de operaciones (pasajeros, carga) y niveles de servicio de todos los componentes relacionados: lado aire (pistas, calles de rodaje, plataformas y torre de control, entre otros), lado tierra (terminal de pasajeros, de carga, estacionamientos y centros de transporte, por ejemplo), edificios complementarios, etcétera.
Obtener autorización de la DGAC, el objetivo
Estudios de aeronavegabilidad, este año
Para iniciar la construcción del nuevo aeropuerto, el gobierno federal encargará la realización de los estudios de aeronavegabilidad y de operaciones simultáneas de los aeropuertos de Ciudad de México, Santa Lucía y Toluca para que pueda obtenerse la autorización de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) con base en la normatividad de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI, por su sigla en inglés).
La licitación estará a cargo de la Sedena y aún no se conoce qué modalidad utilizará (entre ellas concurso público y adjudicación directa).
El objetivo es contar con el diseño del espacio aéreo y los procedimientos, así como de la capacidad y requerimiento de equipamiento para lograr los mismos, toda vez que a la fecha se cuenta con un estudio preliminar elaborado por la empresa NavBlue, que avaló las operaciones simultáneas, pero dejó en claro que se debe elaborar un estudio más profundo.
De acuerdo a las previsiones de la Sedena, esa información podría estar entregada en 11 meses, a partir del próximo febrero, y contempla dos fases, la primera para optimizar operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional de Toluca.
La segunda “consistente en analizar el espacio aéreo en el área terminal de la Ciudad de México a fin de plantear el diseño de espacio aéreo y de procedimientos por instrumentos, estableciendo las capacidades y la interacción entre los tres aeropuertos para cumplir con todas las normas”.
Además de buscar un gerente de proyecto, la dependencia que tendrá a su cargo la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía debe contar (durante este año, aunque en algunos habrá un seguimiento durante el desarrollo de la obra) con información técnica elaborada por empresas nacionales e internacionales relacionada con:
Aeronavegabilidad y operaciones simultáneas AICM-Santa Lucía-Toluca.
Condiciones meteorológicas.
Geotecnia, topográficos y levantamiento de obstáculos.
Estudio orográfico.
Legales y de cumplimiento a la normatividad.
Plan maestro con estudio de capacidad y niveles de servicio.
Ambientales y elaboración de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
Conectividad y logística entre AICM-Santa Lucía.
Riesgos de ejecución.
Arqueológicos.
Impacto social.
Instalaciones existentes, propuesta de reubicación y factibilidad de servicios.
Factibilidad económico financiera.
Análisis costo-beneficio.
AM.MX/fm
