José SÁNCHEZ LÓPEZ
Hace cuatro años, tuvimos el “placer” de recibir a la colombiana ÁNGELA MARÍA BUITRAGO RUIZ, que con pruebas falsas encarceló a un militar en su país, caso que se derrumbó ante los tribunales.
En 2007, como fiscal de Colombia, ordenó la aprehensión del coronel LUIS ALFONSO PLAZAS VEGA, que en 1985 coordinó las acciones para retomar el Palacio de Justicia de esa nación, tomado por asalto por el grupo terrorista M-19 el 6 de noviembre. El 9 de junio de 2010 fue condenado a 30 años de prisión por el delito de desaparición forzada de dos personas.
ÁNGELA MARÍA desechó testimonios que exoneraban al coronel, lo cual fue evidenciado en la sentencia de la Corte: “(…)la evaluación efectuada a lo largo de esta sentencia, lleva a concluir que no hay prueba que en grado de certeza permita la condena del acusado”.
También fuimos hospitalarios con el español CARLOS MARTÍN BERISTÁIN, pieza clave en gigantesto fraude judicial perpetrado en Ecuador, en contra de la empresa petrolera Chevron, a la que en una mascarada de juicio se le impuso pagar 9 mil 500 millones de dólares, por inexistentes daños ambientales y a la salud.
Obvio, el caso no prosperó.
CLAUDIA PAZ Y PAZ, de nacionalidad guatenalteca, también fue recibida con los brazos abiertos, pese a que en su país fue destituida siete meses antes de concluir su gestión como fiscal.
Se estableció su presunta protección a grupos guerrilleros.
Estas “personalidades”, formaron parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que cobraron millones de dólares por decir mentiras en torno a la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
La líder del grupo fue en esa ocasión, ÁNGELA MARÍA.
El firmante de la “calidad moral” de tan prestigiados peritos, fue EMILIO ÁLVAREZ ICAZA-LONGORIA, en representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que exigió “garantía de impunidad” a los integrantes del GIEI.
Los resultados quedaron a la vista y dígase lo que se diga, sirvieron para dos cosas: para nada y para lo mismo.
Inclusive en marzo de 2015, ÁLVAREZ ICAZA fue denunciado por una presunta malversación de los recursos que el gobierno de México dio a la CIDH para financiar al GIEI, aunque la Procuraduría General de la República (la contratante del grupo), determinó que la denuncia era improcedente y la desechó.
Ahora, el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, ha pedido que regresen (no lo que se llevaron, sino por más) y los especialistas ya están prestos para volver a pisar suelo azteca, aunque antes, claro, deben precisarles cuánto van a recibir por su experta y calificada opinión.
Bisnes son bisnes.
A más tardar en el mes de junio, a lo sumo, los “expertos” formarán parte de La Comisión para la Verdad y la Justicia, creada ex profeso para esclarecer el caso Ayotzinapa.
¿Será?***HAY INFINIDAD DE NECIOS, LOS MÁS DEPLORABLES SON AQUELLOS EMPEÑADOS EN DEMOSTRAR QUE TIENEN LA RAZÓN.***AU REVOIR.
