José SÁNCHEZ LÓPEZ
NO es la primera vez que un delincuente queda libre no por sea inocente, sino por esa interpretación ambigua del “debido proceso” que le dan algunos juzgadores a procesos a su cargo.
Recordemos el caso de la secuestradora francesa, FLORENCE CASSEZ que fue liberada siendo culpable y los responsables de la pifia, entre ellos Genera Garía Luna, nunca fueron castigados.
En esta ocasión, se trata de la libertad de GILDARDO LÓPEZ ASTUDILLO, “El Cabo Gil”; personaje importantísimo en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que el próximo jueves 26 cumplirá cinco años y que aún permanece impune y no se sabe nada de los jóvenes.
El 17 de septiembre de 2015, casi un año después de la masacre, fue detenido “El Cabo Gil”, buscado afanosamente por autoridades federales, estatales y locales.
Se le ubicó como cabecilla de “Guerreros Unidos” y pieza fundamental para esclarecer el caso, ya que fue él quien entregó a los estudiantes al grupo criminal.
El lunes 2, el juez de Distrito en Procesos Penales Federales de Tamaulipas, SAMUEL VENTURA RAMOS, determinó dictar sentencia absolutoria a su favor, lo exoneró de los delitos de secuestro y delincuencia organizada y ordenó su libertad.
El juzgador estimó que la PGR hizo una mala investigación y desechó 85 pruebas contra el inculpado presentadas por el MPF, al considerar que fueron obtenidas de manera ilegal, bajo tortura, además de que la actual Fiscalía General de la República, no la desaparecida PGR, la de “La Verdad Histórica”. “olvidó” que el pasado mes de marzo era el cierre del juicio contra el inculpado y que aún podía presentar otras pruebas, pero no lo hizo y por ello decretó su resolución absolutoria.
Por motivos similares, de 142 detenidos por el mismo asunto, 53 de ellos ya obtuvieron su libertad y como van las cosas, podrían ser liberados muhos otros más, ya que ni la desaparecida PGR, con JESÚS MURILLO KARAM, ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ y ALBERTO ELÍAS BELTRÁN, ni la actual Fiscalía General de la República, ahora con el doctor ALEJANDRO GERTZ MANERO, hicieron su tarea.
Lógicamente hubo protestas, la FGR se inconformò y dio inicio a una carpeta de investigación.
El subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación. ALEJANDRO ENCINAS RODRIGUEZ, aseguró que el juez desestimó 44 pruebas en contra del sospechoso y que sólo se tomó la moletia de analizar 162 de los 791 tomos de la averiguación.
El mismo presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, confirmó lo de la carpeta de investigación y recalcó que su administración trabaja para que no haya impunidad, por lo que los funcionarios responsables de la liberación del “Cabo Gil”, serán investigados.
O sea que el que no hizo su trabajo fue el juez y ahora van contra él.
Y bueno, ahora los policías liberados exigen 13 millones de pesos al gobierno de Iguala, un millón para cada uno.
El alcalde ANTONIO JAIMES HERRERA, dijo que las arcas del ayuntamiento quedarían en ruinas si más efectivos son exonerados, además de que a los pagos millonarios se suma un adeudo en laudos (el que pierde paga), por más de 100 millones de pesos, lo que dejaría en quiebra al municipio.
Y a todo esto ¿el gobierno del cambio si aclarará el asunto, llegará hasta el fondo?
¿No importa quién o quiénes salgan raspados?
¿Habrá los arrestos necesarios para salir bien librado del berenjenal en el que está atorado?
¿Hasta dónde llegarán las investigaciones que han señalado, desde un principio, el presunto involucramiento de militares y federales y su connivencia con el crimen organizado?
¿Habrá voluntad política o al final saldrán con otros datos?
El pueblo y los padres de los jóvenes están más que pendientes.***PERO QUÉ NECESIDAD, DIRÍA EL FILÓSOFO DE JUÁREZ.***AU REVOIR.
