José SÁNCHEZ LÓPEZ
LA Dirección General de Derechos Humanos, creada en 1989, dependía de
la Secretaría de Gobernación, con lo que sus resoluciones quedaban
sujetas a criterio de la SEGOB, por lo tanto no podía ser un ente
confiable para la ciudadanía afectada por los abusos y atropellos de
servidores públicos.
El 28 de enero de 1992 se le dio el carácter de “Agencia
descentralizada con personería jurídica propia” y con la reforma
constitucional del 13 de septiembre de 1999, presumiblemente se le
concedió su actual autonomía presupuestaria y de gestión, ya sin
vínculos con el Poder Ejecutivo Federal.
Conforme al artículo 102 B de nuestra Carta Magna, la actual Comisión
Nacional de Derechos Humanos, es de carácter federal, con autonomía de
gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios,
acreditada ante la ONU por el Comité Internacional de Coordinación de
las Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los
Derechos Humanos.
En papel es una maravilla, aunque una de sus limitaciones es que sólo
puede emitir recomendaciones que no obligan a la parte señalada a
acatarlas.
Coloquialmente, se dice que las recomendaciones de la CNDH son como
las llamadas a Misa o las mentadas de madre: el que quiere va y el que
no, pues no, y no pasa nada.
Pero no sólo ha tenido esa limitante, sino que ha sido evidente que
desde que se creó ha estado vinculada con el PEF: en ocasiones
soterradamente y en otras, de manera descarada.
El titular del Ejecutivo no ha dejado de meter las manos en la comisión.
Otro señalamiento que la ha estigmatizado, con o sin razón, según el
color del cristal con que se mire, es que pareciera ser que defiende
más a victimarios que las víctimas, sobre todo en caso de detenciones
en los que el presunto delincuente argumenta haber sido detenido
injustificadamente y que fueron violados sus derechos, aunque sólo sea
para eludir la ley.
Hay incontables casos en que policías, soldados, agentes y demás
representantes de la autoridad, son víctimas de la delincuencia y
muchas veces hasta mueren en el cumplimiento del deber y la CNDH
permanece indiferente e inmutable.
¿Ellos no tienen derechos humanos?
A la fecha van siete presidentes de la CNDH y nada ha cambiado.
Quizá porque la mayoría de ellos emanan de la grey política y su
mentalidad está sujeta a esa visión tan especial que guarda esa casta
privilegiada.
En breve, se designará al próximo presidente de la CNDH, quien
sustituirá a LUIS RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ, cuya actuación como fiscal
especial en el caso “Colosio” dejó mucho que desear, pero áun así
llegó a presidir la comisión.
Ahora ya están en la fila para sucederlo, nada más ¡57 aspirantes!
De chile, de dulce y de manteca.
Una de ellas es ELIZABETH LARA RODRÍGUEZ, recomendada del padre
ALEJANDRO SOLALINDE, quien incluso ya la llevó con el presidente
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR para “la patadita”
¿Qué no es el Senado quien decide?
RAÚL RAMÍREZ, ex ombudsman, de Sonora, cuestionado por una
candidatura plurinominal que le regaló el MC; MARÍA GUADALUPE
RODRÍGUEZ, ex priísta y que ahora pregona que de ser elegida,
“seguiría el ejemplo de López Obrador”, son otros de los suspirantes.
ADOLFO LÓPEZ BADILLO, omiso en feminicidios como ombudsman de Puebla;
SERGIO SEGRESTE RÍOS, que como secretario de Seguridad en Oaxaca, en
2007, protagonizó una brutal represión contra activistas.
También hay líderes, senadoras, luchadores sociales, etcétera; la
mayoría proviene de la política y han sido ombudsperson en los
estados.
La selección de la terna se antoja difícil y es ahí donde los
senadores están obligados a tomar no una buena, sino una excelente
decisión respecto al próximo defensor de los derechos humanos en el
país.
Uno de los aspirantes fuertes a la presidencia de la CNDH, sin
antecedentes políticos, es el doctor en Derecho y catedrático en
diversas universidades, MANUEL EDUARDO FUENTES MUÑIZ, cuya trayectoria
es irreprochable y su exposición es simple, pero contundente:
“La CNDH debe consolidarse como una organismo plenamente autónomo y
con una estrecha cercanía con las víctimas”.
Y para ello formuló cinco propuestas:
Operación y rediseño de la CNDH, Vinculación con los niveles de
gobierno y Poderes de la Union, Fortalecimiento en la promoción,
educación e investigación en Derechos Humanos y un Eje Articulador de
instituciones para la atención integral de Victimas, pero sobre todo,
cercanía con la gente en todo el territorio nacional.
Una situación es cierta, es innegable que el organismo ha quedado a
deber y tiene una deuda con las víctimas.
El Senado tiene la palabra.***¿PREVALECERÁ LA RAZÓN O LA
IMPOSICIÓN?***AU REVOIR.
AM.MX/fm
