viernes, junio 14, 2024

SIN LÍNEA: Casas de seguridad de Cancún: “Bodegas” de narcos, secuestradores, mafias y políticos pillos

José SÁNCHEZ LÓPEZ

*Utilizan redes sociales para tratar de desviar la atención
*Más de tres años de operar con contratos en blanco
* Al representante legal podría fincársele responsabilidad
*Documentos relacionados con las mafias cubana y rusa
*Armas, drogas, lingotes de oro, piedras preciosas
*Miles de dólares en billetes de 20, comunes en operaciones del narco
*De mil 500 usuarios sólo el 10% ha reclamado, los demás no aparecen
*De un tercio de las cajas, no hay identidad de los arrendatarios

En las cajas aseguradas por la Subprocuraduría Especial de Investigaciones en Delincuencia Organizada (SEIDO), en Cancún, se han encontrado armas, droga, lingotes de oro, colecciones de relojes de oro, piedras preciosas, miles de dólares en billetes de 20, comunes en operaciones del narcotráfico, euros y pesos mexicanos.

También se han descubierto libretas con cuentas de Aruba, Isla del Hombre y otros paraísos fiscales, cuyo fin es el blanqueo de capitales, “drop boxes” (cajas de embalaje), relacionadas con documentación de la mafia cubana dedicada a la trata de personas y de
miembros de la mafia rusa, con fuerte presencia en Quintana Roo.

Se encontraron también tarjetas de crédito, diseñadas para robar en cajeros; tarjetas bancarias y de tiendas departamentales, en blanco, vacías, sin número y sin nombre, como las que se utilizan para clonar plásticos auténticos o para usurpar la identidad de alguna persona; chequeras, agendas, facturas, títulos de propiedad, documentos de identificación de empresarios que fueron secuestrados y documentación diversa que podría haber sido utilizada como parte de actividades criminales.

Lo anterior fue revelado por fuentes de la SEIDO, quienes añadieron que de las mil 500 cajas aseguradas, solamente han sido reclamadas por sus dueños 150, aproximadamente, ya que de las otras mil 350 no han aparecido sus dueños, además de que al menos el 35 por ciento de ellas, carecen del obligado contrato y en otro tanto no aparecen nombres ni datos de los arrendatarios, es decir que los contratos están en blanco, lo que constituye un delito.

Resulta obvio que aquellas personas que han acudido a reclamar sus bienes, es porque no están inmiscuidas en nada ilícito, pero desafortunadamente sus valores o sus recuerdos más queridos, los guardaron junto a otras cajas, de las que delincuentes de toda laya
hicieron su escondrijo ideal para ocultar sus fechorías y ahora las investigaciones tienen que concluir hasta que se deslinden responsabilidades.

Y mientras continúa la revisión de las cajas, que permanecen en la empresa First National Security, en Cancún, ya que ninguna ha sido trasladada a la sede de la SEIDO en la Ciudad de México, el representante legal de la empresa de resguardo de valores y su hermana, así como decenas de usuarios, a través de las redes sociales, argumentan violación a sus garantías y a sus derechos y exigen que ya se detenga lo que llaman “el robo del siglo”, acepción que han tomado como propia algunos medios informativos para titular sus artículos.

Tras el operativo de la SEIDO, a principios del presente mes, algunos medios de comunicación y varios periodistas recibieron un mensaje, a través del whatsapp, con el siguiente texto:

“La familia Ancona Teigell recurre a su buen corazón para ayudar y apoyar a nuestro hermano Santiago, representante legal de las cajas de seguridad First National Security, difundiendo las arbitrariedades de la SEIDO, la Marina y la PGR”.

El mensaje fue enviado por la señora Ana María Ancona Teigell, hermana de Santiago, representante legal de la empresa de resguardo de valores, a través de las redes sociales mediante la plataforma Change.org.

El contenido del mensaje, sumamente extenso, resume que el operativo se realizó sin la orden de cateo correspondiente, aunque posteriormente se conocería que el mandato judicial había sido otorgado por el juez en turno del Centro de Justicia Penal Federal en
Quintana Roo, por lo que la SEIDO, con apoyo de la Secretaría de Marina y de la Policía Federal aseguraron el inmueble que alberga un total de mil 500 cajas.

La señora Ancona Teigell, detalla en su envío que la empresa es un negocio con 26 años de antigüedad y que renta las cajas a personas “que van a guardar lo más querido y valioso para ellos, cualquier persona puede llegar con un maletín, rentar una caja y meter el contenido de este, sin que se sepa lo que guarda.

Hace hincapié en las mil quinientas personas que están en total indefensión y remarca que se trató de un atropello, abuso de poder e impunidad del gobierno “y solo lo podemos parar compartiendo esto en las redes sociales, para que todo el mundo sepa los delitos que están
cometiendo estos delincuentes de cuello blanco”.

Reclama también que no le hayan pedido a su hermano, que mandara llamar a los clientes que están bajo investigación para que abrieran sus cajas y no las saquearan en ausencia de los propietarios y remata con el argumento de verse obligada a emplear las redes sociales para informar a la población, “porque sobre ellas no tiene control el gobierno”.

Por otra parte, nuestra fuente indica que la clientela de First National Secutity, está compuesta no sólo por particulares, sino por ex servidores públicos, ex directores de periódicos, cónsules honorarios de diversos países, empresarios hoteleros, restauranteros y
de otros rubros, incluso hasta miembros de la delincuencia organizada.

La operación, señalan informes de inteligencia, fue resultado de una investigación del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en coordinación con la Procuraduría General de la Repúblico, con el apoyo la Secretaría de Marina (SEMAR), luego de que una fuente (testigo bajo protección), revelara que en las cajas había armas y documentos que
podían hacerse líquidos con fines de blanqueo de capitales.

Esa información coincidiría posteriormente por confesiones de detenidos relacionados con diversos casos criminales en Cancún, los que revelaron que existían varios “drop boxes” (embalajes de cajas) pertenecientes a la mafia cubana dedicada a la trata de personas y de
miembros de la mafia rusa (espionaje y secuestros) que se hallan aposentadas en Quintana Roo desde hace varios años.

Desde el 9 de octubre y durante los días subsecuentes, en algunas de las cajas que ya han sido revisadas se hallaron tarjetas de crédito diseñadas para robar cajeros electrónicos, pasaportes falsos de una misma persona, armas de fuego, tarjetas sin datos bancarios, joyas, relojes y miles de dólares, identificaciones de personas que fueron plagiadas, libretas con anotaciones de cuentas en paraísos fiscales y otros elementos que hacen presumir a la SEIDO que algunas de esas cajas pudieran ser el enlace para actividades de grupos criminales.

Por otra parte, investigadores de la Unidad Anti lavado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, refieren que Santiago Ancona Teigell no cuenta con los contratos de los arrendatarios completos, que la mayoría carecen de la información que la ley exige y que de las mil 500 cajas, al menos el 30 por ciento de los contratos carecen de firmas y respaldo de identidad.

Uno de los últimos acontecimientos fue, en opinión de abogados de los clientes de First National Security, el desacató de la SEIDO al ordenamiento del Juzgado Séptimo de Distrito de Quintana Roo, según el actuario de dicho recinto judicial, Benjamín Colín León, al
presentarse en las instalaciones de la empresa, en Cancún, y serle negado el acceso.

Colín León dijo que Óscar Manuel Soto Velázquez, coordinador de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud de la  SEIDO, no otorgó las facilidades para desarrollar la diligencia judicial, “por restricciones al lugar”, al estar asegurado el
inmueble.

Lo ocurrido es un abierto desacato a la autoridad del juez que es la máxima autoridad dentro del asunto, no hay una autoridad en este asunto, por arriba del juzgado, aseguraron los abogados Juan Hernández y Cuauhtémoc Bustamante, representantes legales de algunos de los clientes.

El presunto desacato de la SEIDO, se debió a que la notificación del juzgado, tenía que hacerse directamente en la sede de la subprocuraduría antidrogas, es decir en la Ciudad de México, y no en las instalaciones de la empresa, en Cancún.

Cabe recordar que las autoridades siguen buscando un video en el que aparece Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión del Congreso de Quintana Roo, recibiendo dos bolsas con billetes de manos del entonces secretario de Finanzas del Estado, Juan Pablo Guillermo Molina, para que saliera a anunciar el triunfo de Mauricio Góngora Escalante y la derrota de Carlos Manuel Joaquín González, a la gubernatura del estado.

El video fue grabado por órdenes del gobernador saliente, Roberto Borge Angulo y, según comentarios que él mismo ex mandatario hizo a sus abogados que lo representan en Panamá, había que recuperarlo de una de las cajas de seguridad, donde estaba guardado.

Todo ese tipo de situaciones, hace presumir a los investigadores fiscales que el representante legal está desesperado por entrar a la empresa y poner en orden los documentos que, al menos durante los últimos tres años, no lo estuvieron, lo cual constituye un delito.

Cabe recordar que las autoridades siguen buscando un video en el que aparece Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión del Congreso de Quintana Roo, recibiendo dos bolsas con billetes de manos del entonces secretario de Finanzas del Estado, Juan Pablo Guillermo Molina, para que saliera a anunciar el triunfo de Mauricio Góngora Escalante y la derrota de Carlos Manuel Joaquín González, a la gubernatura del estado.

El video fue grabado por órdenes del gobernador saliente, Roberto Borge Angulo y, según comentarios que él mismo ex mandatario hizo a sus abogados que lo representan en Panamá, había que recuperarlo de una de las cajas de seguridad, donde estaba guardado.

Todo ese tipo de situaciones, hace presumir a los investigadores fiscales que el representante legal está desesperado por entrar a la empresa y poner en orden los documentos que, al menos durante los últimos tres años, no lo estuvieron, lo cual constituye un delito.

Cabe recordar que las autoridades siguen buscando un video en el que aparece Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión del Congreso de Quintana Roo, recibiendo dos bolsas con billetes de manos del entonces secretario de Finanzas del Estado, Juan Pablo Guillermo Molina, para que saliera a anunciar el triunfo de Mauricio Góngora Escalante y la derrota de Carlos Manuel Joaquín González, a la gubernatura del estado.

El video fue grabado por órdenes del gobernador saliente, Roberto Borge Angulo y, según comentarios que él mismo ex mandatario hizo a sus abogados que lo representan en Panamá, había que recuperarlo de una de las cajas de seguridad, donde estaba guardado.

Todo ese tipo de situaciones, hace presumir a los investigadores fiscales que el representante legal está desesperado por entrar a la empresa y poner en orden los documentos que, al menos durante los últimos tres años, no lo estuvieron, lo cual constituye un delito.

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