El contraste entre el discurso oficial y la realidad operativa dentro de la administración pública federal ha alcanzado un punto de ruptura en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Mientras el titular de la dependencia, Jesús Antonio Esteva Medina, encabeza eventos protocolarios para ratificar la política de “Cero Tolerancia al Hostigamiento y Acoso Sexual”, en las oficinas de la Dirección General de Desarrollo Carretero se narra una historia distinta: una de impunidad, asedio sistemático y una estructura de poder utilizada para el favor sexual.
Un reportaje de la periodista Dalila Escobar, publicado en el semanario Proceso, ha sacado a la luz una serie de denuncias que apuntan directamente a Rafael Cervantes de la Teja, director general de Desarrollo Carretero. Las acusaciones, que ya han escalado a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) y a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, describen un modus operandi donde el ascenso profesional no depende del mérito técnico, sino de la sumisión ante las demandas lascivas del funcionario.
El “Casting” y la Dirección de las “Novias”
Uno de los testimonios más desgarradores es el de “Karla”, una abogada con 14 años de experiencia en la administración pública que ingresó a la SICT en julio de 2025. Su caso ejemplifica la perversión de las estructuras jerárquicas: apenas dos meses después de su ingreso, Cervantes de la Teja la nombró su secretaria particular de manera arbitraria. Lo que parecía un ascenso era, en realidad, el inicio de una pesadilla de acoso.
Según el relato de “Karla”, el director no ocultaba sus intenciones. Frases como “con ese vestido te ves muy bien” o comentarios vulgares frente a otros compañeros eran la norma. Cervantes de la Teja llegó a proponerle abiertamente ser “la tercera novia” dentro de la dependencia, jactándose de que ya mantenía relaciones personales con otras funcionarias. En la visión de este servidor público, el entorno laboral se transformaba en un espacio de “diversión” donde las mujeres “chingonas” debían estar a su disposición.
La presión no fue solo verbal. “Karla” documentó agresiones físicas directas: abrazos forzados, besos en la boca sin consentimiento y tocamientos en los glúteos. Estos incidentes ocurrían frecuentemente en fechas significativas, como el 24 y el 31 de diciembre, momentos en que el funcionario aprovechaba la soledad de las oficinas para cercar a su subordinada. El acoso se extendió incluso fuera de las horas laborales, con mensajes de texto donde Cervantes de la Teja ofrecía “alcanzarla” durante sus vacaciones con sus hijas.
Hostigamiento Laboral como Herramienta de Control
El control de Rafael Cervantes sobre su personal no se limitaba al acoso sexual; utilizaba la estructura administrativa para castigar a quienes lo rechazaban. Karla fue ascendida a una dirección para la cual no tenía el perfil técnico, con la promesa de que “no pasaría nada” porque otros harían el trabajo por ella. Sin embargo, cuando ella finalmente confrontó al director y aclaró que nunca tendría relaciones sexuales con él, fue despedida de inmediato.
Este patrón de “premiar para acosar y despedir al ser rechazado” es confirmado por otros testimonios. Una exempleada con 26 años de antigüedad relató que fue separada de su cargo bajo un esquema similar: presiones para firmar una renuncia a cambio de un mes de sueldo, y ante la negativa, el uso de la fuerza pública para desalojarla de las oficinas. En este caso, el pretexto fue una supuesta instrucción presidencial de recorte, aunque el trasfondo parecía ser la limpieza de perfiles que no se alineaban con la nueva dinámica de la dirección.
Incluso los derechos laborales básicos, como los horarios especiales para madres solteras contemplados en las políticas de igualdad de la SICT, fueron pisoteados. Al asumir el cargo, Cervantes de la Teja negó estos beneficios a una trabajadora con el argumento cínico de que, por ser madre soltera, “con más ganas te tienes que ajustar porque… vas a necesitar más el dinero”.
La institucionalidad en entredicho
Lo más alarmante del reportaje de Proceso es la aparente sordera de las altas autoridades. A pesar de que las víctimas enviaron correos y cartas al secretario Jesús Antonio Esteva Medina, a la subsecretaria Tania Carro Toledo y hasta a la presidenta Claudia Sheinbaum, las respuestas fueron nulas o meramente burocráticas.
Este silencio administrativo choca frontalmente con la imagen pública de la SICT. En comunicados oficiales, la dependencia afirma realizar ponencias y talleres sobre “Cero Tolerancia” con el objetivo de garantizar entornos seguros. Sin embargo, las víctimas señalan que Cervantes de la Teja presume constantemente de su cercanía y apoyo por parte de Esteva Medina, lo que genera un clima de terror que impide que más mujeres denuncien.
Existe también una denuncia sobre la gestión técnica de la Dirección General de Desarrollo Carretero. Según empleados actuales, se han omitido estudios necesarios y proyectos ejecutivos para obras de menos de mil 500 millones de pesos. “La secretaría fue secuestrada porque hay mucha lana”, afirma uno de los testimonios, sugiriendo que el desorden administrativo y el acoso son síntomas de una degradación institucional más profunda.
Un Problema de Escala Nacional
El caso de la SICT no es un evento aislado en el panorama nacional de 2025-2026. Datos oficiales indican que, solo en lo que va de 2025, se han abierto más de 25 mil carpetas de investigación por abuso sexual en el país. La administración federal ha reforzado los protocolos en la Gaceta Oficial, subrayando que en casos de hostigamiento y acoso sexual no opera la conciliación ni la mediación.
A pesar de estos avances legales y normativos, la realidad en las dependencias muestra que el poder jerárquico sigue funcionando como un escudo para los agresores. Rafael Cervantes de la Teja, quien figura en los registros públicos como servidor público de carrera eventual desde octubre de 2024, continúa en su cargo a pesar de las denuncias radicadas ante Fevimtra y la Secretaría de Anticorrupción.
Una Exigencia de Justicia
El reportaje de Dalila Escobar deja una pregunta incómoda en el aire: ¿De qué sirven los pronunciamientos de “Cero Tolerancia” si los directivos acusados de actos depredadores permanecen en sus puestos protegidos por el silencio de sus superiores? Las víctimas, como Karla, no solo buscan recuperar su estabilidad laboral, sino que exigen que el castigo para los hostigadores sexuales se aplique con el mismo rigor que ellos aplican para despedir a quienes no ceden a sus pretensiones.
La SICT tiene ante sí el reto de demostrar que su compromiso con la igualdad de género no es solo un ejercicio de relaciones públicas. Mientras Rafael Cervantes de la Teja no sea investigado y, en su caso, sancionado conforme a la ley, los pasillos de Desarrollo Carretero seguirán siendo un territorio donde el derecho laboral y la dignidad humana están subordinados al capricho de un funcionario. La transformación de la vida pública, bandera de la actual administración, pasa necesariamente por limpiar las oficinas de quienes ven en el servicio público un botín personal y sexual.
Fuentes de información consultadas:
• Escobar, Dalila. “Denuncian por acoso sexual y laboral al director de Desarrollo Carretero de la 4T”, Proceso, mayo de 2026.
• Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Comunicados 036-2024 y 294-2025 sobre “Cero Tolerancia”.
• Gobierno de México. Mecanismos de prevención de hostigamiento y acoso sexual.
• Fiscalía General de la República (FGR). Protocolos de Fevimtra.
• Gaceta Oficial de la Ciudad de México, julio y octubre de 2025.
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